Ya ha pasado más de 35 días desde que la Interpol capturó a Alex Naín Saab Morán, en el archipiélago de Cabo Verde; desde entonces, como si se tratara de una novela, la vida del hombre considerado el testaferro de Nicolás Maduro no ha dejado de acaparar los principales titulares de la prensa, al menos, en los países donde el empresario barranquillero ha tenido su accionar.
Lo más reciente, dentro de la cronología del proceso en África, da cuentas que la extradición de Saab a suelo estadounidense es irreversible. Cabo Verde ha autorizado el procedimiento, luego de una serie de confrontaciones diplomáticas, con Venezuela y con varios países que se dicen 'presionaron' a las autoridades del archipiélago para evitar a toda costa el traslado del empresario a EEUU.
En todo este tiempo —desde su captura el 12 de junio en la isla a donde llegó cuando el avión privado en el que se transportaba desde Rusia hacia Irán se detuvo para cargar combustible— ha salido a luz decenas de cuestionamientos en contra de Saab que lo hunden cada día, pues se deja con más claridad sus posibles vínculos con actividades ilegales.
A los pocos días de su detención, Venezuela señaló que Saab era un ciudadano venezolano y un 'agente' del Gobierno, que se encontraba 'en tránsito' en Cabo Verde para volver al país.
El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos 'habeas corpus' (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su 'encarcelamiento ilegal', pero ambos fueron desestimados.
Saab Morán trabajó por muchos años sin aparecer en el radar de las autoridades y la prensa, pero hace cuatro años el imperio que había construido empezó a ganar renombre, no solo por lo exitoso de sus negocios en el exterior, sino por los tintes de corrupción que mancharon su nombre en la palestra pública.
Los cuestionamientos a su nombre y los supuestos hechos de corrupción en lo que estaría involucrado datan de agosto de 2017, cuando la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, lo mencionó como socio corrupto de Nicolás Maduro.
En su momento, la exfiscal aseguró que Saab Morán era representante y copropietario con Maduro y otros dos colombianos, de una empresa registrada en México llamada Group Grand Limited, la cual se dedicaba a vender alimentos al Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), el programa gubernamental que comercializa productos regulados entre la población, que escasean en los supermercados venezolanos.
'Tengo pruebas de todo esto y la entregaré a los gobiernos de diferentes países, incluido Estados Unidos', aseguró Ortega en su momento sobre el supuesto proceder corrupto del barranquillero que había logrado venderle alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares.
En su momento, el entonces abogado de Saab, Abelardo de la Espriella, negó las acusaciones contra su cliente negando cualquier tipo de relación con la empresa distribuidora de alimentos; sin embargo, un año más tarde, la Fiscalía de México confiscó un cargamento de víveres en cajas de mercados con la etiqueta del Clap, avaluado en 61 millones de dólares, en lo cual se volvió a vincular a Saab como copropietario de la empresa.
Con la incautación, el exvicefiscal de México, Alonso Israel Lira, dijo: 'De acuerdo con la investigación, un grupo de personas y empresas obtienen recursos públicos venezolanos, los desvían de sus fines humanitarios y a cambio adquieren alimentos con los que especulan aprovechándose del desabastecimiento y la carestía que aqueja a Venezuela'.
El funcionario explicó, además, que la corrupción se veía reflejada en la compra de alimentos de baja calidad, exportándolos con sobreprecio a Venezuela y revendiéndolos al Estado venezolano y a la población a 112 veces más costoso de lo normal, a través de los Clap.
Posteriormente, en julio de 2019, el Departamento del Tesoro de EEUU emitió informe sobre el fraude en que participó el barranquillero en plan alimentario del gobierno de Venezuela; y lo señaló —junto con el también colombiano Álvaro Pulido— de lavar unos 350 millones de dólares producto de 'una red de corrupción' en el programa Clap de subsidios alimentarios del gobierno venezolano.
Según la acusación formal, desde noviembre de 2011 y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros colombianos en Miami para lavar el producto de un esquema de soborno ilegal, transfiriendo unos 350 millones de dólares fuera de Venezuela, hacia o a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero que poseían o controlaban.
También resaltaron que ambos empresarios colombianos habían sido contratados por el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos; y que Saab se aprovechó desde 2016 de contratos sobrevalorados vinculados al plan de ayuda alimentaria de los Clap.
Desde entonces, Alex Saab Morán es señalado de incurrir en los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, exportación o importación ficticia y estafa.
Debido a que había estado huyendo de la Justicia, Estados Unidos aumentó la presión contra el empresario sancionando a tres de sus socios —entre ellos sus hermanos Amir y Luis Saab— y colocando en la lista negra a 16 entidades relacionadas en Colombia, Panamá e Italia.
A medidados de noviembre de 2019 la justicia italiana incautó lujosos bienes que Saab tenía junto con su esposa, Camilla Fabri, y que habrían escondido en ese país. Fueron confiscados un inmueble, obras de arte y un aproximado de 1,8 millones de euros; y nuevamente se dijo que el dinero era proveniente 'de sobornos que el gobierno de Maduro le habría pagado a Saab por una supuesta distribución de alimentos en Venezuela a pesar del embargo', según el diario italiano Letto Quotidiano.
A inicios de junio pasado, la Fiscalía colombiana identificó bienes que harían parte del 'patrimonio ilícito' que constituyó el empresario Saab Morán a través de operaciones financieras 'irregulares'.
'Un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre siete inmuebles y lotes ubicados en sectores exclusivos de Barranquilla (Atlántico), cuyo valor superaría los $35 mil millones', se lee.
Entre los predios afectados están: una mansión avaluada en $28 mil millones en el sector de Riomar, dos lotes, una casa, un apartamento y tres garajes.
