En los ocho meses que han transcurrido de 2020, en el área metropolitana de Barranquilla al menos 10 mujeres han sido asesinadas por celos o diferencias con los padres de sus hijos. 1,2 feminicidios por mes. Además, otras 16 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en el Atlántico en medio de ataques sicariales dirigidos a ellas o a sus parejas sentimentales.
La cifra es preocupante, sobre todo porque en 2019, en todo el año, se registraron los mismos 10 feminicidios que ya se cuentan faltando cuatro meses para cerrar este atípico año. Y eso que el año pasado ya se había registrado un aumento en el número de crímenes contra mujeres, en comparación con el 2018 (de 39 homicidios en el año se aumentó a 46).
El caso más reciente en Barranquilla –y el que encendió con mayor fuerza las alarmas– fue el cruel asesinato de Daniela Espitia Flórez, una joven de 21 años a la que golpearon, apuñalaron y asfixiaron el pasado lunes 17 de agosto en una residencia en el Centro de Barranquilla.
Dani era mamá de una niña de cinco y un niño de dos años. A su madre, Yenny, le tocó la dura labor de contarles que no volverían a ver a su mamá. La cuñada de Dani, esposa de su hermano menor, les ayudó a enviarle una carta al cielo. Y su tía, valiente, salió a protestar en una esquina del barrio por justicia en la muerte de la joven. No estaba sola, la acompañaban primas, amigas, vecinas y desconocidas que gritaban '¡No más feminicidios!'. Gritaban por Daniela, pero también por Liseth , Angie, María, Vivianci, Karen, Wendy, Diana, Yahismar y Naylin. Guerreras.
En los estrados judiciales. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el homicidio en todas sus formas, incluido el feminicidio, es un delito que está 'priorizado'. Eso quiere decir –al menos en el papel–, que cuando una persona es asesinada se despliegan con más fuerza los operativos judiciales necesarios para proveer garantías de justicia a las víctimas y sus familiares.
En la práctica, una vez se presenta el hecho, el caso es asumido por el grupo de fiscales de Alertas de Homicidio, que están disponibles las 24 horas. Estos orientan de forma inmediata la investigación y emiten órdenes a policía judicial 'en procura de lograr la identificación del autor o partícipe de los hechos', según explicó una fuente de la Fiscalía a EL HERALDO, quien además aseguró que esto ha tomado fuerza debido al 'interés' del fiscal General, Francisco Barbosa, en el esclarecimiento de los feminicidios.
En el caso de Daniela Espitia, desde el minuto uno después de que se conociera el crimen, autoridades señalaron como principal sospechoso a Deimer Eduardo Díaz Mendoza, la expareja de la víctima que quedó registrado en las cámaras de seguridad del motel cuando ingresó junto a la joven y salió hora y media más tarde solo, portando el bolso de ella y 'sonriendo'.
Él mismo se había comunicado con sus familiares, supuestamente para anunciarles del crimen y para pedirles ayuda en el escape.
Dos días más tarde, el 19 de agosto, el juez 12 Penal Municipal con funciones de control de garantías, a solicitud de un fiscal, emitió una orden de captura contra Díaz. Al mismo tiempo, las autoridades ofrecieron una recompensa de $5.000.000 millones por información sobre su paradero.
Aún no lo han capturado, pero un protocolo similar se manejó en los otros casos de feminicidio que se han registrado en el Atlántico este año. De acuerdo con la Fiscalía, esta estrategia ha dejado un índice de efectividad cercano al 90 %.
Dicha efectividad, según la fuente, se ha visto evidenciada en que 'en cinco de esos casos está detenido el agresor, en dos de ellos el agresor se suicidó, y en el caso más reciente –reiteró–, se emitió la orden de captura contra el feminicida'.
Aunque parezca poco, la emisión de una orden de captura es relevante porque se deben tener las pruebas suficientes como para convencer al juez de que hay altas probabilidades de que el buscado sea el responsable.
En ello, la familia, como víctima indirecta, 'juega un papel preponderante'.
'Son la fuente número uno de información que permite documentar un caso, de tal suerte que sus declaraciones son determinantes para la caracterización de un crimen como feminicidio, pues por lo general este comportamiento viene precedido de un ciclo previo de violencia intrafamiliar que muchas veces ni siquiera es denunciado', explicó la fuente de la Fiscalía.
En el caso de Daniela, los familiares informaron que ella había denunciado en dos ocasiones haber sido víctima de violencia e incluso haber solicitado orden de alejamiento contra Díaz, lo cual reforzó la argumentación del fiscal ante el juez.
La fuente concluyó asegurando que en el caso de Daniela y todos los demás feminicidios se apunta principalmente a 'lograr la sanción del responsable, adoptando desde el inicio del proceso medidas urgentes para lograr la comparecencia de éste al proceso, proteger a la víctima y a la sociedad; y garantizar que el hecho no se repita'.
El riesgo de revictimizar
La filósofa y docente Dayana De la Rosa, explicó a EL HERALDO que en los feminicidios hay un alto riesgo de revictimización. En el caso de Daniela, sus familiares han expresado que lidian con comentarios que responsabilizan a la víctima por haber accedido al encuentro y por el hecho de que el crimen haya ocurrido en un motel.
'El feminicidio es el último acto de una violencia sistemática. Es importante tener en cuenta que hay razones de fondo para que una mujer acepte volverse a ver con el violentador, y hay que entenderlas para no culpabilizar a la víctima', explicó Dayana.
Estas van ligadas sobre todo a imaginarios sociales en los que han educado a las mujeres, que hacen peso en la conciencia de ellas, y el secuestro emocional al que la puede tener sometida el victimario.
