Un trabajo orientado para ayudar a las mujeres víctimas de la violencia, a migrantes venezolanos y al rescate de los jóvenes de las 'garras' de la drogas ha sido la labor que *María ha realizado por más de 20 años en el Atlántico.
Intuye que quizás el querer apartar a los adolescentes del consumo y del tráfico de estupefacientes la habrían llevado a recibir –en los últimos cuatro años– 35 amenazas. Tiene conocimiento de que la banda ‘Los Costeños’ han ofrecido 'una cifra considerable' por asesinarla o –como dicen los delincuentes– para 'borrarla del mapa'.
La mujer recorre las calles de Barranquilla y demás municipios 'todas las veces que puede'. Lo hace caminando y dejando a un lado el temor de las amenazas. Dice que su principal combustible es la convicción de que las víctimas 'en algún momento reciban justicia' y algún tipo de orientación que les ayude a superar el hecho, salir del problema en el que se encuentran.
Ese caminar que realiza la mujer, cada vez que puede, lo hace 'sin ningún' esquema de seguridad, pues asegura que desde hace unos meses 'nunca nadie más se preocupó por su integridad'. 'Solo tengo el acompañamiento de una patrulla de la Policía cuando la solicito o les aviso que voy a una zona difícil', afirma por medio de un mensaje de voz por WhatsApp.
Su verbo suena pausado, pero sin ninguna sumisión cuando afirma que cuando una persona decide emprender una lucha y encaminar su vida al servicio de otros 'se está, desde ese mismo momento, bajo amenazas'.
'Está labor genera muchos detractores y las presiones llegan, incluso, de las personas que uno mismo ha ayudado. Muchas veces no están de acuerdo con alguna acción que uno decida, diga o haga. Todo eso hace que vivir en Colombia sea más difícil', comenta María.
Fomentar el progreso de una comunidad, dice la mujer, cae mal en muchas personas. 'Día a día vemos como asesinan a los líderes que solo buscan el bienestar colectivo'.
María, a raíz de las amenazas, ha salido desplazada en varias oportunidades junto con su familia. 'Mis hijos han sufrido mucho y han tenido afectaciones económicas, sociales, psicológicas y culturales. Llegamos a donde llegamos, logramos estabilizarnos, pero nos toca de nuevo abandonar la zona por las amenazas. Todo eso genera muchas dificultades', asegura.
A pesar de las intimidaciones, María afirma que a lo largo de estos años 'se ha mantenido firme' con su labor, aportando su lucha para mejorar el país. 'Somos aliados de los Gobiernos, no sus enemigos, es por eso que la ayuda y la protección cada vez se hace más necesaria'.
La mujer pide a las autoridades e instituciones ser solidarias con la situación a la que los líderes deben enfrentarse. 'Nos deben ayudar para ponerle freno a las estigmatizaciones de las que somos víctimas por nuestro trabajo. Las comunidades deben entender que damos la vida por el bienestar de ellos', dice con firmeza la mujer.
Este caso en particular, 'preocupa' de manera especial a la Defensoría del Pueblo, debido a que han documentado a lo largo de estos cuatro años las amenazas que la mujer ha recibido.
'La lideresa es representante legal de una fundación que apoya y acompaña a mujeres víctimas de violencia sexual. Además, fue víctima de violencia sexual por parte de un agente de policía cuya condena por acceso carnal violento fue confirmada por el Tribunal Superior de la Judicatura de Barranquilla', detalla la Defensoría en un documento.
En diciembre de 2019, la Unidad Nacional de Protección le levantó a María las medidas de protección que consistían en tener a un hombre de protección, un medio de comunicación y un chaleco (que no lo pudo usar debido a recomendaciones médicas). 'Por la decisión de la UNP la lideresa interpuso un recurso de apelación que no ha sido resuelto'.
