Reveladores detalles dio a conocer el fiscal sexto delegado ante el Tribunal, durante la audiencia de imputación de cargos contra once personas capturadas en Barranquilla, señaladas de conformar una banda delictiva que se dedicaba a defraudar a Colpensiones y al Instituto de Seguro Sociales, hoy en liquidación, mediante la jurisdicción laboral.
Los capturados fueron identificados como Alfonso Luis Noguera Imitola, exjuez Cuarto Laboral en provisionalidad para la época de los hechos; Wulfran Carrillo Marín, asistente administrativo de la Dirección Seccional de Administración Judicial; Edith Marina Blanco Carbonell, secretaria del Juzgado 14 Laboral; William Eduardo Gerónimo Saltarín y Pedro Mario de Jesús Rey Comas, empleados del mismo juzgado; los abogados María Gisel Romero García, David Andrés Guarguatí Méndez, Yesenia del Carmen Barrios Sandoval, Filomena María Gutiérrez Fandiño y Rusbel Antonio Martínez Villa, al igual que el particular, José Gregorio Hernández Díaz.
Esta es la segunda parte de una operación que en diciembre de 2018 permitió las capturas del entonces juez encargado 14 Laboral de Barranquilla, Juan Carlos Correa Olaya, hoy condenado; y de los abogados Maryori Sofía De la Hoz Peña, Zirina Viviana Galezzo Bolívar y José Ulises Torres Narváez, este último exsecretario del mismo Juzgado laboral, quienes permanecen con medida de detención carcelaria.
De acuerdo con la Fiscalía, los integrantes del ‘cartel de las pensiones’ presentaban demandas ordinarias, en las que varios de los hoy capturados fungían como apoderados de los demandantes, pretendiendo el reconocimiento de derechos laborales tales como pensión de vejez por alto riesgo, reconocimiento de retroactivos por dominicales y festivos; indemnización moratoria por la no cancelación en forma completa y oportuna de salarios, cesantías y demás prestaciones, sin que existieran los soportes que acreditaran la legalidad de los mismos.
Para ello, afirmó el fiscal, el entonces Juez 14 Laboral y en otras ocasiones Alfonso Luis Noguera Imitola, una vez concertados, reconocían los derechos y se encargaban de hacerlos efectivos. Ordenaban a su vez la entrega de títulos judiciales, actuaciones 'manifiestamente contrarias a derecho' que permitieron defraudar el patrimonio económico del Seguro Social y de Colpensiones, por montos que superaron los $22 mil millones, desde 2008 hasta 2014.
El porcentaje por cada fallo, según lo revelado por el fiscal, oscilaba entre el 2 y el 10 por ciento del valor total por cada proceso que era emitido en favor de la parte demandante y en contra de Colpensiones y del Instituto de Seguro Sociales, siendo el mayor porcentaje para los entonces jueces Juan Carlos Correa Olaya y Armando Noguera Imitola, así como para la abogada Maryori Sofía De la Hoz Peña, quienes lideraban el ‘cartel de las pensiones’ en el Atlántico. Los montos de los procesos ordinarios fallados en favor de los demandantes, en muchos casos, superaban los $1.000 millones.
