La congestión en materia de justicia penal en Barranquilla volvió a ser tema de debate tras la decisión de la Corte Constitucional que, en días pasados, compulsó copias al Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General para que se investiguen las actuaciones que llevaron en 2018 a la prescripción de uno de los procesos que se le seguían a Juan Carlos Sánchez Latorre, conocido como el ‘Lobo Feroz’, por haber transcurrido 10 años desde que le imputaron cargos.
Fuentes judiciales señalan que la decisión de la prescripción radicó en la 'congestión que existe hace años en los 11 despachos judiciales penales del Circuito de Barranquilla'.
El HERALDO conoció una tutela que impetró en octubre de 2018 la juez novena penal de Barranquilla contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional del Atlántico, donde señala que varios jueces están sometidos a cargas laborales superiores a las de los demás juzgados penales del país.
Según la acción, en Barranquilla hay 11 jueces penales con una carga laboral de 12.522 procesos; en Bogotá hay 58 jueces penales del Circuito con una carga laboral de 15.184 procesos.
En Medellín hay 30 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 4.647; y en Cali hay 23 jueces penales del Circuito con una carga laboral total de 5.404 procesos.
Decisión del Consejo de Estado
Como respuesta a la acción de tutela, la dirección de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadísticos del Consejo Superior de la Judicatura indicó que 'el Consejo Superior de la Judicatura es conocedor de todas las necesidades existentes en la Rama Judicial'.
Y agregó: 'Sin embargo, frente a las políticas de austeridad de gasto del Gobierno nacional no es posible atender de manera favorable su solicitud, toda vez que no existe presupuesto que permita el financiamiento de medios de apoyo'.
El 26 de febrero pasado, la Presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura emitió concepto técnico favorable para la creación de tres juzgados penales con funciones de conocimiento de Barranquilla.
Empero, el 23 de julio pasado, la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, en respuesta a los togados, indicó que la entidad es conocedora de las problemáticas existentes en la Rama Judicial.
Revisión de la tutela
Luego de dos años de haber sido impetrada la tutela, en febrero de 2020 el expediente fue remitido a la Corte Constitucional por el Consejo de Estado. Una vez allí, los jueces accionantes radicaron un derecho de petición ante el alto tribunal solicitando la selección para revisión de la acción constitucional, sin embargo la misma no fue tenida en cuenta.
Como último recurso, y luego de hacer uso de todas las herramientas legales para que se les brindara una solución definitiva al problema de congestión, los días 16 y 17 de septiembre pasados los togados presentaron derechos de petición a Carlos Camargo Assis, defensor Nacional del Pueblo, y a la magistrada de la Corte Constitucional Diana Fajardo Rivera para que radicaran una petición de insistencia de revisión del expediente de tutela ante ese tribunal.
Precisamente, la magistrada Fajardo Rivera, quien llevó una ponencia en el proceso contra el ‘Lobo Feroz’ para evitar que este precluyera, radicó el pasado 28 de septiembre ante el alto tribunal del que ella hace parte insistencia de revisión del expediente de tutela ante la Corte.
