Desde hace dos semanas, funcionarios y agentes de la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, CTI y autoridades estadounidenses, con el apoyo de la Registraduría Nacional del Estado Civil, realizan una 'cruzada' en todo el país, con la intención de combatir a 'las mafias' que estarían realizando tramites irregulares con la intención de nacionalizar a migrantes.
Es así como en los últimos días han ordenado capturas y suspensiones de funcionarios vinculados con la Registraduría en varios municipios del país.
El más reciente operativo se llevó a cabo en Facatativá, Cundinamarca, donde fueron capturadas seis personas acusadas de pertenecer a una red de tráfico de migrantes.
Según las autoridades, los capturados, entre los que están funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría en ese municipio, serían los responsables 'de tramitar la inscripción irregular de registros civiles de nacimiento a extranjeros, para luego solicitar la cédula de ciudadanía y el pasaporte colombiano con el fin de migrar a otros países'.
El pasado sábado, el registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, junto con funcionarios de la Fiscalía, la Dijín y la Interpol adelantaron diligencias judiciales y disciplinarias en Cúcuta y varios municipios de Norte de Santander.
'El propósito de este trabajo interinstitucional es combatir a las mafias que, al parecer, desde el interior de la entidad están trabajando para nacionalizar irregularmente a extranjeros. Como registrador nacional tengo el compromiso de luchar contra este flagelo y seguiré adelante en esta labor', aseguró el funcionario.
En medio de las diligencias judiciales, así como de las investigaciones disciplinarias que internamente se venían adelantando en esta zona del país, el registrador nacional suspendió a José Enrique Leal Gélvez, registrador municipal de Santiago, Norte de Santander, 'por presuntas irregularidades en la expedición de registros civiles de nacimiento y de cédulas de ciudadanía a extranjeros'.
Así mismo, se inició actuación disciplinaria contra Fredy Ramírez Rodríguez, quien para la época de los hechos, que son materia de investigación, se desempeñaba como registrador municipal de San Cayetano. La acción también recayó sobre Ramón Saíz Reyes, actual registrador de Pamplona, 'por la pérdida de adhesivos relacionados con la expedición de copias de registro civil'.
