Los libros que deberían contener los antecedentes de la cedulación de 76 venezolanos en la Registraduría de Galapa 'no aparecen'. Esa fue la respuesta que el titular de esa oficina, Juan Carlos Castañeda Pradilla, le dio a un grupo de funcionarios que acudieron a la entidad en la mañana de este miércoles, con la intención de aclarar las supuestas irregularidades detectadas durante una auditoría que se llevó a cabo entre el 10 y el 13 de noviembre de este año.
Las investigaciones arrancaron desde que se conoció que a Bernardino Melean Frontado, alias Willy Melean, capo de una banda transnacional (neutralizado la madrugada del 6 noviembre en Santander), le fue hallada en sus pertenencias una cédula de ciudadanía que había sido expedida en la Registraduría de Galapa,
La auditoría, además de encontrar los nombres de las 76 personas que habían sido inscritas, también determinó que la cédula encontrada a Melean Frontado estaba a nombre de Gabriel de Jesús Rodríguez Sánchez, cuya fecha de inscripción en la base de datos fue el 28 de septiembre de 1983 y la fecha de grabación (para la cédula) el 26 de marzo de 2018 en la Notaría 2 de Palmira, Valle, a través del usuario que le fue asignado al registrador municipal de Galapa.
Dentro del grupo de los cedulados se presume que estén integrantes de la banda de ‘Willy’ Melean y de otros grupos delincuenciales transnacionales que delinquen en el país desde 2018, según indican las autoridades.
EL HERALDO conoció que el funcionario Castañeda Pradilla se enfrentaría a varios escenarios dentro de la entidad, teniendo en cuenta que sobre él recae la responsabilidad directa de, al menos, 50 de las personas que obtuvieron el documento de identidad, debido a que el sistema sale que Castañeda Pradilla fue quien realizó la grabación de los datos durante los últimos tres años.
'El funcionario podría enfrentar la suspensión directa de sus funciones, debido a las irregularidades detectadas, además de actuaciones disciplinarias', dijo una fuente de la entidad a este medio.
Ahora, en el caso de que Castañeda Pradilla manifieste que alguien 'usurpó' su código para ingresar al sistema, la fuente indicó que no quedaría 'exento de responsabilidades disciplinarias'.
'Ese es un código intransferible que se les asigna a cada funcionario en la entidad y esta asume todas las responsabilidades', dijo una fuente.
'Un ayudante'
Este medio estableció que al interior de la Registraduría de Galapa hay un hombre de apellido Merlano, que en algún momento fue supernumerario y en otras oportunidades ha sido contratado por la Alcaldía de Galapa para ejercer funciones dentro de la entidad.
Castañeda Pradilla, quien se encontraba de vacaciones, pero fue reintegrado para que respondiera por las 'irregularidades detectadas' no negó la presencia de Merlano en las instalaciones de la Registraduría; por el contrario, sostuvo que el hombre ha cumplido funciones dentro de esa oficina debido a que 'conoce los trámites' y ocasionalmente va 'a ayudar con temas puntuales'.
Sin embargo, fuentes le dijeron a este medio que el hombre es 'de confianza del registrador' y que en la actualidad 'no tiene vínculo alguno con la entidad'.
'En los últimos meses estuvo metido en la entidad, a pesar de que a esa oficina se le asignó una auxiliar y dos supernumerarios, el hombre seguía metido de cabeza en la oficina. Sabemos que él manejaba las claves y tenía el control de todo', dijo una fuente a este medio.
Estos procesos de nacionalización, con registros civiles y expedición de cédulas se han venido dando en el marco de la vigencia del Decreto 356 de 2017, mediante el cual se dictaron las normas para la inscripción extemporánea de nacimiento en el registro civil, con el objetivo de facilitar la inscripción de los hijos de padres colombianos que han nacido en Venezuela.
Las investigaciones hacen parte de la 'cruzada' lanzada por el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, que desde hace dos semanas, junto con funcionarios y agentes de la Fiscalía, Migración, CTI y autoridades estadounidenses, realiza en todo el país con la intención de combatir a 'las mafias' que estarían realizando trámites irregulares con la intención de nacionalizar a migrantes con la intención de afectar el censo electoral.
