Los cinco episodios con granadas que se han registrado en Barranquilla y su área metropolitana en lo que va de 2021, sumado al caso reportado en 2020, según las autoridades, estarían relacionados con actividades delincuenciales como la extorsión, delincuencia común y retaliaciones entre bandas.
Sin embargo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que analiza la información relacionada con los índices de violencia y criminalidad en la ciudad, indica que al menos en dos de los casos se estaría configurando en un amedrantamiento extorsivo, con la intención de 'enviar un mensaje de advertencia a sectores de comerciantes de ciertas zonas para acceder a reclamaciones económicas por parte de actores ilegales'.
El documento detalla que pese a los estrictos controles y restricciones en materia de porte de armas de fuego se plantea una hipótesis con relación a la existencia 'de una oferta criminal' en la ciudad que permite el acceso a elementos bélicos, posiblemente del arsenal remanente de la guerra del conflicto armado por el que atraviesa el país. Otra de las posibilidades es la presunta existencia de una red transnacional de tráfico de armas que opera en la región con incidencia en la capital del Atlántico.
'Se debe hacer análisis detallado por parte de las autoridades competentes en aras de lograr una mayor comprensión de esta posible oferta de bienes y servicios ilegales. Los perpetradores (material e intelectual) de estos hechos han sopesado los costos (respuesta punitiva de las autoridades, rechazo social, posible neutralización por organismos de seguridad del Estado) y los beneficios de la acción (consecución de sus objetivos estratégicos, control territorial, acceso a fuentes de economía ilegal), concluyendo que los primeros no representan elementos suficientes de disuasión', plantea el informe.
