En el marco de la finalización de las dos macroimputaciones que involucran a Salvatore Mancuso y a otros 18 procesados, la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, hizo un llamado al Gobierno Nacional ante el peligro de que algunos desmovilizados retornen a las armas.
A través de un comunicado, la Sala, al terminó del proceso señaló que algunos desmovilizados no reportan actividad económica y denuncian ser víctimas de estigmatización (lo que incide negativamente en el acceso a un empleo digno), y alertó que estas personas 'han venido recibiendo presiones por bandas emergentes para retomar las armas'.
Ante ese escenario la Sala instó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) para que 'revise sus políticas, de cara a la realidad actual de los postulados, a efectos de generar espacios reales de reintegración social y laboral, y proporcionar un efectivo acompañamiento'.
De igual forma, el tribunal exhortó Ministerio de Justicia y del Derecho para que, como líder de este proceso de Justicia Transicional, 'coordine la creación de políticas efectivas de regreso al seno de la sociedad'.
La Sala indicó además que ofició a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, para que el haga un seguimiento a los manifestado y puedo 'brindar apoyo' al llamado.
Dentro del pronunciamiento, la Sala también se pronunció sobre la obligatoriedad y razón de ser del sistema de vigilancia electrónica para los postulados a la Ley de Justicia y Paz que actualmente gozan de sustitución de medida de aseguramiento.
Así las cosas, el Tribunal rechazó las presiones que ha venido recibiendo por la incomodidad que genera en algunos desmovilizados tener que afrontar un dispositivo de monitoreo satelital.
'El sistema de vigilancia electrónica no es un capricho del Tribunal. Son las Leyes 906 de 2004 y 975 de 2005 (con su Decreto Reglamentario 1069 de 2015), las disposiciones que en abstracto regulan la temática. Incluso con el respaldo de la Corte Constitucional', sostiene la Sala en el comunicado.
Precisa además que la Sala ha decretado la vigilancia electrónica para todos los procesados (excomandantes y expatrulleros) que han sido beneficiados con sustitución de medida de aseguramiento por haber cumplido 8 años físicos de detención en una cárcel; figura que, si bien permite deambular por las calles, 'no equivale a una absolución o al cumplimiento de la pena'.
'El dispositivo con tecnología de GPS constituye la única opción tangible para hacer efectivas las demás obligaciones sustitutivas que se les ha trazado (no volver a los sitios donde delinquieron, no salir del país, observar buena conducta, no portar armas, entre otros)', destaca el Tribunal.
Caso Mancuso
Por otro lado, las audiencias en contra Salvatore Mancuso, la Sala reportó que el Despacho de Control de Garantías de esta Sala decidió imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, al exjefe de las AUC, y otros 18 postulados por 1.215 hechos cometidos entre los años 1996 y 2006, por homicidios en persona protegida, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y otros delitos conexos, cometidos en los departamentos de Magdalena y Cesar.
'Estas se suman a otras medidas de aseguramiento que el Tribunal ha impuesto por otros lamentables y masivos hechos', dijo el Tribunal.
A Salvatore Mancuso, le fueron imputados 956 hechos en los que se vieron involucradas unas 2.471.
