La guerra en Colombia no ha cesado. Esa es la conclusión a la que se puede llegar al ver cómo cada semana las autoridades informan sobre los resultados de un bombardeo a un campamento o de los ataques y emboscadas de los que han sido víctimas miembros de la fuerza pública y que han dejado 55 uniformados muertos, en lo que va de año.
Lo anterior tiene un antecedente claro y guarda relación con las diferentes transformaciones que tomaron los grupos armados, la guerrilla del Eln, los reductos del EPL y las disidencias de las Farc, tras la firma del acuerdo de paz a finales de 2016.
Todos estos grupos se están disputando el terreno que dejó la extinta guerrilla e intentan alzarse con el manejo de los sembradíos de coca, la minería ilegal, las rutas del narcotráfico y otros productos que son altamente apetecidos por estas estructuras.
Pero este nuevo escenario de la guerra no solo tiene la intención de realizar acciones terroristas en las zonas en disputa, sino también de intentar 'urbanizar el conflicto', generando el deterioro de la seguridad ciudadana trayéndolo a los centros poblados para buscar obtener beneficios en otros escenarios sociales.
