En reciente decisión el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico elevó pliego de cargos contra tres profesionales de la salud que intervinieron en septiembre de 2022 en la atención de la joven Luisa Fernanda Pacheco Peralta, quien contaba con 17 años de edad y murió para aquella fecha, al parecer, luego de una mala praxis en el centro asistencial adonde fue llevada tras un accidente.
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Cabe recordar que Luisa Fernanda era espectadora de unos piques que vehículos realizan ilegalmente en la zona del Corredor Universitario y, por un descuido, cayó a una alcantarilla de unos siete metros de profundidad, mientras caminaba en medio de la oscuridad. Eran aproximadamente las 10:00 de la noche del miércoles 14 de septiembre, según registros de las autoridades. Y, cuando sucedió el incidente, la joven se dirigía hacia un automotor, al parecer, para regresar a su vivienda.
Producto de esa caída, la menor, estudiante de segundo semestre de ingeniería industrial, sufrió fractura de tibia y peroné de la pierna izquierda, sumado a una herida abierta.
Ella entra a un procedimiento el día 17 de septiembre, tres días después del accidente, aparentemente por un mal diagnóstico practicado, y que deriva en una contaminación a nivel de su herida. Luego se produce su deceso el día 20 de septiembre.
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En la recopilación de hechos y la actuación procesal del Tribunal de Ética Médica, se descubrió que el 22 de septiembre, es decir un par de días después del fallecimiento de la joven, la Superintendencia Nacional de Salud remitió a esta dependencia el caso en mención.
'Se inicia revisión de la historia clínica en la prestación de servicios de salud brindada a la joven LFPP, en la cual la Superintendencia Nacional de Salud conoció situaciones relacionadas con presuntos incumplimientos en la operación de la Clínica Portoazul que pudieron afectar la prestación de los servicios de salud, en las condiciones de calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad a la usuaria antes suscrita', se lee en el documento.
En ese sentido, después de un año y seis meses de investigación ético disciplinaria, el Tribunal Seccional de Ética Médica del Atlántico comunica a los médicos Juan Miguel De la Peña Toro, Udalvis de Jesús Bellido De la Vega y Fabián Andrés Figueroa Álvarez, sobre la decisión adoptada en sala plena 'por unanimidad'.
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Se conoció que a los especialistas se les señala de posibles faltas basadas en la Ley 23 de 1981 que constituye el fundamento esencial para el desarrollo de las normas sobre Ética Médica.
Ante esta decisión, el abogado John Faber Buitrago Vargas, apoderado de la familia de la víctima, en comunicación con EL HERALDO, sostuvo que esta 'es una pequeña decisión que nos dice que estamos obrando de manera correcta, que efectivamente sí hubo negligencia y bueno aquí se elevó ya cargos contra los médicos'.
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De igual manera, según Buitrago Vargas, 'se quiere con esta investigación dejar probado, más allá de todo algo razonable, que efectivamente se presentó un caso de clara negligencia médica por parte de los galenos, debido a la inoportunidad en la atención, igualmente a la ausencia de protocolos y a la negación de los servicios asistenciales por parte de la clínica'.
Por otro lado, el abogado afirmó que se han hecho solicitudes a la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada aquí en Barranquilla para que se le dé celeridad a la investigación. 'Esto ha llevado a que contemos en este momento con la segunda fiscal que entra a conocimiento del caso. Estamos pendientes de que se nos resuelvan peticiones elevadas por la defensa de la representación de víctimas, en las cuales buscamos llamar prontamente a imputación a los médicos y especialistas tratantes', anotó.
Este medio trató de buscar algún pronunciamiento de la Clínica Portoazul y aún se está a la espera del mismo.
