‘Europe Express’, así denominaron la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación la operación con la cual se desarticuló una estructura dedicada desde Barranquilla al tráfico de migrantes, que en complicidad con funcionarios públicos corruptos, expedían registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes, todo de forma fraudulenta.
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Tres funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tres de la Cancillería de Colombia cayeron en la redada que dejó un total de 31 detenidos por los delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
A través de comunicados, las autoridades explicaron cómo actuaba la organización ilegal que, al parecer, estaba activa desde 2021, y tenía dos cabecillas: un ciudadano dominicano, hoy buscado con circular azul de Interpol, y una colombiana, quien tenía a su disposición un número considerable de captadores, colaboradores, tramitadores y gente de confianza.
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Según la autoridad, los investigados buscaban migrantes provenientes de República Dominicana y Venezuela, que pretendían viajar hacia Estados Unidos y varios países europeos, para ofrecerles cambios de identidades y nacionalidades, con el fin de que pudieran ingresar a sus destinos.
El coronel Edwin Masleider Urrego, director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, precisó que según los elementos materiales probatorios y la evidencia física recolectada por los investigadores, “la organización cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares por suministrar documentos irregulares a migrantes, quienes con esas aparentes identidades colombianas viajaban a México para cruzar por vía terrestre a los Estados Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse del todo allí”.
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Por su parte, el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Gabriel Sandoval, expuso que “funcionarios y exfuncionarios de la Registraduría en Barranquilla eran encargados de rastrear los registros civiles de personas no ceduladas para para la expedición de cédulas de ciudadanía, y tres empleados y cinco extrabajadores de la de la Cancillería formalizaban pasaportes con las falsas identidades”.
“Al menos 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados. Con esa documentación fraudulenta, que les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por distintos países”, declaró el funcionario.
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Incluso, EL HERALDO conoció que en medio de las investigaciones y de la notificación a la Registraduría sobre los fraudes, detectives de la Dijín encontraron “trabajando” a los exempleados involucrados en una sede local de la entidad.
Ante el caso, el registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, habló de la cancelación de “manera decidida” de más “de 840 cédulas de ciudadanía obtenidas por falsa identidad y en el estudio de más de 180 registros civiles obtenidos de manera de manera fraudulenta”.
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Así mismo, con base en los resultados de la investigación y la información obtenida hasta ahora, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente a migrantes dominicanos.
En audiencias preliminares, jueces de control de garantías y de acuerdo con la individualización de los presuntos roles que ocuparon en la organización delincuencial (cabecillas, captadores, tramitadores, colaboradores o servidores públicos) se dio legalidad a las capturas de los implicados en el caso.
