Una serie de intimidaciones a través de llamadas telefónicas, mensajes vía WhatsApp, entregas de panfletos y ataques contra sus vehículos, ha sido el método de presión ejercido por un supuesto grupo criminal que busca el pago de una millonaria extorsión de la empresa de transporte público colectivo Lolaya.
Esta compañía, que cubre rutas de transporte de personas en Barranquilla y su área metropolitana, habría dejado de trabajar en las últimas horas debido a las recientes amenazas contra sus operadores.
A través de redes sociales circula información sobre la falta de vehículos en las calles y el cese de actividades dentro de la compañía.
Incluso, en un mensaje se dijo que en la noche de este martes 20, al cierre de la jornada laboral, una empleada habría tenido que salir escoltada por miembros del Gaula de la Policía de la sede de la empresa porque sujetos armados la esperaban en la entrada, al parecer, para atacarla.
En julio de 2022, EL HERALDO documentó que todos estos ataques y casos de extorsión hacia el gremio del transporte público urbano y otras formas de negocio era la continuación de un viejo método usado por las estructuras criminales con el fin de apropiarse de rentas legales.
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A ese informe habría que sumarle los años en los que grupos criminales que operan en Barranquilla y su Área Metropolitana han asesinado a choferes de transporte público como medio de presión para el pago de extorsión: 2013, 2021, 2022.
Si bien las autoridades han tratado de contener en los últimos 10 años las arremetidas de dos de los grupos que operan en la zona: ‘Costeños’ y los ‘Rastrojos Costeños’, sumando capturas y el decomiso de armamento y munición, entre otros elementos, siempre vuelven a aparecer en escena actores criminales para sembrar el terror con atentados y el envío de panfletos.
Ahora en la escena se suman los llamados ‘Pepes’ y el Clan del Golfo.
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“Lo que estamos presenciando en Barranquilla y su área metropolitana es la continuación de una competencia armada que se inició años atrás entre organizaciones criminales (Costeños, Rastrojos-Costeños y AGC) por el control territorial y la administración de rentas ilegales y la predación de rentas legales por medio de la extorsión”, explicó en su momento el docente de la Universidad del Norte e investigador en temas de seguridad Luis Trejos.
Coolitoral, Sobusa y Coochofal, tres de las actuales 25 empresas del transporte público urbano de Barranquilla y su área metropolitana, han tenido a lo largo de los últimos años varios episodios relacionados con ataques de grupos armados ilegales a sus empleados y a su parque automotor. Ahora se sumaría Lolaya.
Recordemos que el domingo anterior, en el municipio de Soledad, fue atacado a tiros un bus de la empresa que era conducido por un chofer y se dirigía hacia un taller de mecánica.
Y el pasado miércoles 14 de agosto fue atacado un vehículo cuando viajaba por la avenida Circunvalar, en ruta hacia la nevada. Sobre este caso en particular la Policía señaló que no había sido un impacto de bala sino una piedra lo que le habían lanzado.
