La seguridad privada puede ser un aliado importante en la lucha contra el crimen organizado, pero en Barranquilla las autoridades han detectado este año al menos dos compañías que tienen como objeto social la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privada que, aparentemente, estarían facilitando hombres, moviendo armamento amparado legalmente y acortando la distancia entre lo legal y lo ilegal.
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A mediados de este mes, la Policía dio los resultados de una operación bautizada ‘Orión’, con la que se aseguró haber desmantelado la “cadena criminal” de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, uno de los cabecillas visibles de ‘los Costeños’ y sobre quien pesan múltiples crímenes cometidos en el área metropolitana de Barranquilla en los últimos diez años. Muestra de ello fue la reciente notificación de un nuevo proceso judicial en su contra por la presunta participación como determinador en la masacre del barrio El Santuario, de Barranquilla, en enero de 2023. La notificación se llevó a cabo en la cárcel de Cómbita, Boyacá, donde ‘Castor’ se encuentra recluido.
Sobre los resultados de ‘Orión’, la institución armada reveló que la investigación duró aproximadamente un año y, con esta, investigadores de Sijín y Fiscalía recopilaron abundante información que permitió propinar “el golpe más fuerte” a la organización delictiva desde que Díaz Collazos fue capturado hace cinco años en Venezuela.
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Además de las capturas de temibles cabecillas de zona de ‘los Costeños’, o algo así como los hombres que dominaban barrios y localidades de la ciudad, y personas de confianza del jefe delincuencial, según la Policía, se impactó la estructura del grupo y una forma de su “financiamiento criminal”.
En ese sentido, de acuerdo con la institución armada, se intervino una empresa de vigilancia constituida en agosto de 2022 con un capital de 602 millones de pesos, tal y como consta en la Cámara de Comercio de Barranquilla, y en cuyo objeto social mantenía un amplio abanico de posibilidades desde su matrícula como la “compra de artículos, productos e insumos relacionados directamente con el objeto social”, que paradójicamente anunciaba “prevenir o detener perturbaciones a la seguridad y la tranquilidad individual en lo relacionado con la vida”.
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Durante el proceso de indagación, investigadores determinaron que esa empresa de vigilancia privada con sede en el norte de Barranquilla estaría ligada con las recientes actuaciones criminales de ‘los Costeños’, “facilitando el uso de armamento amparado legalmente para la comisión de delitos”.
La autoridad precisó que entre los 25 allanamientos efectuados bajo la evolución de ‘Orión’ se realizó un allanamiento a la sede de esta empresa de vigilancia, donde se incautaron ocho armas de fuego, entre estas unas tipo revólver y otras tipo pistola.
“Estas serán objeto de un análisis balístico para determinar si habrían sido utilizadas en hechos criminales”, afirmó el general Hebert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla durante la presentación de los resultados de la operación.
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Se tiene claro que ‘los Costeños’, con presencia fuerte en todas las localidades de la ciudad y en su área metropolitana, se disputan rentas criminales con los temibles ‘Pepes’, una facción creada tras la división entre Castor y Digno Palomino Rodríguez, socios otrora en el crimen.
Cabe recordar que expertos en seguridad consultados por este medio aseguraban meses atrás que la vendetta entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ dejarían al menos entre 700 y 800 muertes, en homicidios registrados entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.
Y en cifras de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía de Barranquilla se precisó que al cierre del mes de julio se cometieron en la ciudad 247 casos de homicidio intencional, con un aumento de 37 casos más que en el mismo lapso de 2023, lo que representó un aumento del 18 %.
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De dicha anotación de homicidios se desprendieron 203 víctimas de sicariato y, de ese rubro, se dividieron 153 víctimas por ajustes de cuentas asociados a disputas territoriales entre grupos de delincuencia común organizados (98) y al tráfico de drogas (34).
El análisis a ese contexto delictivo también mostró que de las 203 víctimas de sicariato, 110 se le atribuyeron como autores materiales de los hechos a las ya conocidas estructuras criminales que operan en la zona: 72 asesinatos al grupo ‘los Costeños’, 35 a ‘los Pepes’, 2 a ‘los Papalópez’ y un caso a los ‘Rastrojos-Costeños’.
¿Inconsistencias?
EL HERALDO conoció una comunicación de junio del presente año de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la empresa barranquillera intervenida, en la que se acusaba el recibo de una información de “aspectos operativos y financieros”, “aspectos administrativos y generales” que se incorporarían a un “expediente” de la entidad. Sin embargo, con la dirección aportada en el registro de Cámara de Comercio no se logró ubicar la sede principal de la compañía, eso dejó como constancia la empresa de mensajería encargada de la entrega del documento.
Por el contrario, en páginas web asociadas aparentemente a la compañía de vigilancia se leen otras direcciones como sedes principales de la firma.
La otra compañía
En febrero de este 2024, con una semana de haber expirado los carnavales de esta capital, se confirmó el asesinato en España de Roberto Vega Daza, quien ya había sobrevivido en 2023 a la masacre en la que cayeron su padre y sus dos hermanos, en un sonado caso en el sector de Villa Campestre, en Puerto Colombia.
Tras su muerte volvió a sonar la vieja hipótesis de su vinculación y también la de su fallecido núcleo familiar con una empresa de vigilancia con arraigo local, pero con operación en otras zonas del país.
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Al parecer, la firma, cuyo funcionamiento sigue activo, proveía de armas cortas y de largo alcance amparadas a los Vega Daza, pero también les facilitaba documentación para que estos pudieran moverse con ese armamento en camionetas por toda la región Caribe. Además, se tiene conocimiento de que supuestamente los Vega Daza usaban escoltas de la firma para su protección.
En una investigación de la Fiscalía también se determinó que a través de la empresa de seguridad se adquirían armas de fuego para los grupos identificados como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada o ‘los Pachenca’.
Múltiples beneficios
En Colombia podrían llegar a operar legalmente alrededor de 850 empresas de vigilancia con o sin armas en diferentes modalidades, con un global de al menos 290 mil empleados entre hombre y mujeres.
Pero, ¿cuál es el propósito de que una banda criminal tenga una empresa de seguridad?
Fuentes vinculadas al servicio y la administración de la vigilancia privada sostienen que no solo existe la posibilidad de tener libre uso de armamento y munición, sino que la temible alianza puede tener mucho más provecho. Estos serían el “lavado de activos, el conocimiento de información de empresas y de personas importantes a las cuales, mediante el servicio de vigilancia, pueden controlar para generar algún tipo de afectación criminal como la extorsión, el secuestro y el hurto”.
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Además, podría existir un contrato “para prestar servicios donde puedan controlar y contaminar carga crítica de exportación e importación como puertos, empresas exportadoras e importadoras”. Y “para prestación de servicios en clientes tipo conjuntos residenciales, para facilitar información y acceso a bandas delincuenciales comunes u organizadas”.
La fuente insiste en que estas alianzas se han evidenciado en grandes ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y Barranquilla, por el número importante de servicios que se prestan en estas ciudades. Igualmente se han detectado en los contextos o entornos de empresas relacionadas con explotación minera o hidrocarburos.
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Para contener esos acuerdos criminales, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada tiene como mecanismos el análisis del tipo de empresa (responsabilidad limitada), “que permite conocer los socios o dueños de la misma y sus antecedentes”.
Por otro lado se emplea una verificación a través del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo –Sarlaft–, que permite a las entidades prevenir la pérdida o daño que pueden sufrir por su propensión a ser utilizadas como instrumento para el lavado de activos o la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas por sus clientes o usuarios.
