Todavía hay personas que cuando pasan por la carrera 46 con calle 30 se acuerdan de Georgina Johana Mendoza Montiel, una mujer embarazada que falleció tras caer de un bus en movimiento el pasado jueves 12 de septiembre; mismo caso que este fin de semana cumplió 30 días sin tener ningún tipo de avance, ni pronunciamiento por parte de las autoridades.
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El silencio es total. Nadie se atreve a dar una declaración, mucho menos algún indicio de cómo ha transcurrido este caso, el cual acabó con la existencia de esta joven y tampoco permitió la llegada al mundo de Milagros De Jesús, quien solo llevaba siete meses de gestación en el vientre de su madre.
Los familiares de Georgina Johana se encuentran sumidos en la aflicción, puesto que se aferraban a que su allegada sobreviviera. No obstante, ya hace ocho días que galenos de turno en el Camino Universitario Adelita de Char les manifestaron que esa posibilidad no iba a suceder. Falleció. Y ahora están involucrados en una encrucijada en la que no saben a quién acercarse para encontrar explicaciones.
Lo último que se supo es que las pesquisas pasaron a manos de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, mismos que analizaban nuevas hipótesis en la muerte de Mendoza Montiel para lograr su esclarecimiento. Sin embargo, estas no han salido a la luz. Ha sido un trabajo con total hermetismo.
En la Policía Metropolitana de Barranquilla afirman que todas las inquietudes deben ser preguntadas en la Fiscalía, mientras que específicamente en la Seccional de Tránsito y Transporte se escudan en algunos cambios de comandancia que los imposibilitan a hablar.
De igual manera, EL HERALDO intentó comunicarse con personal de la Superintendencia de Transporte, más su respuesta fue contundente. “No nos podemos pronunciar”, agregando que todo está en averiguaciones preliminares.
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Pese a ello, prometieron alguna voz en el futuro: “Cuando tengamos toda la información recopilada habrá un comunicado oficial”. Todo conduce a un ciclo sin salida, y en este caso, sin ningún tipo de respuestas conforme pasan los días.
Al parecer, basado en las palabras del teniente coronel Julio Alexander Olaya Vargas, ex jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el caso quedará en una sanción económica al conductor de la empresa Coolitoral, justificada en que tenía la puerta trasera abierta mientras estaba en movimiento, algo contrario a la ley. La organización no recibiría ningún llamado de atención extra, según lo manifestado hasta el momento.
Expertos
Este medio de comunicación habló con algunos expertos en movilidad para conocer cuál es el proceso a seguir en este tipo de casos y quién debería responder por lo sucedido.
“Delante del Estado responde la empresa, pues es quien tiene legalmente los permisos para operar. Estas deberían tener pólizas contractuales y extra-contractuales para cubrir daños o diferentes tipos de situaciones ante un siniestro”, afirmó el experto Isidro Ruiz
“Todas estas acciones están bajo la lupa de la Superintendencia de Transporte, ente encargado de vigilar los procesos de dichas empresas. Teniendo la capacidad de seguir de cerca disciplinariamente el que se paguen los daños o se den las indemnizaciones a las que haya lugar, también llamar la atención de las organizaciones que no gestionan una buena seguridad vial. Si estas cosas suceden es que no se está tomando el tema en serio”, agregó.
Ruiz también sostuvo que “existe un ‘Plan Estratégico de Seguridad Vial’, un requisito legal para las empresas de transporte en todo el país y que aplica para los que conducen o tienen vehículos. Allí está presente que se debe cuidar a los trabajadores para que no les pase nada. Ahora, en este caso, no es solamente a ellos sino también a los usuarios”.
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“Se establecen unos parámetros tales como el control de la velocidad. Habría que analizar cuál era la velocidad del bus en la glorieta que provocó que la joven se saliera y hay que compararla con la reglamentaria. Los controles se pueden hacer a través de un GPS”, apuntó el experto.
“La norma también establece que los conductores deben tener ciertas competencias para la conducción, a las que se les llama manejo preventivo. Ellas deberían estar certificadas para comprobar la prevención de la accidentalidad de los que están a mi alrededor. Este es un campanazo para todos”, añadió.
A su turno, Porfirio Ospino, otro de los expertos en movilidad presentes en Barranquilla, se acogió a la idea de que debería haber justicia, pues “en la medida en que lleguen las sanciones, tanto para la persona como para la empresa, las autoridades mandan un mensaje para que haya precauciones”.
“El Tránsito del Área Metropolitana debería tener un mayor control de los equipos que operan en las empresas de transporte urbano, revisar por ejemplo las condiciones técnico-mecánicas de los buses. Muchos de esas problemáticas son las que luego generan los accidentes. De igual manera, hay que ser más rigurosos en el tema de las paradas. Se siguen recogiendo a muchas personas o dejándolas casi que en la mitad de la vía y eso obviamente genera un riesgo”, aportó.
Finalmente, ambas personas consultadas llegaron a la conclusión de que la mejora va ligada a una relación de aporte tanto de los conductores como de los pasajeros, aunque haya vacíos en las normas.
“Hay un vacío en la norma colombiana, así como en la de todas las partes del mundo, y es que los vehículos de servicio público no tienen cinturones de seguridad. Por lo tanto, la gente se sienta y se levanta cuando quiere, lo que exigen un mayor control de las velocidades y una precaución por parte del pasajero”, finalizó Ruiz.
