El rechazo por el asesinato a sangre fría de la joven empleada de la empresa de apuestas y juegos de azar SuperGiros Marlen Fernanda Mozo, de solo 19 años de edad, hoy se ha extendido por el Caribe y llegó a otras regiones del país, en especial al Centro, desde donde entidades del Gobierno nacional pidieron que se investiguen los hechos con celeridad y que se judicialice a los responsables que, al parecer, serían miembros del ahora llamado Ejército Gaitanista o Clan del Golfo.
El caso ocurrido el pasado puente festivo en Bosconia, municipio bisagra entre Cesar y Magdalena, ha estremecido a miles de personas por una sencilla razón: en redes sociales se regó como pan caliente el video captado por una cámara de seguridad del establecimiento que la joven atendía y en una escena quedó grabado cuando el criminal llegó, fingió ser un cliente, sacó un arma de un bolso e impactó a la joven a quemarropa. Toda la acción fue vista por dos adultos mayores que, al parecer, apuntaban el chance.
En el caso de Coljuegos, empresa del Estado administradora del monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, afirmó que este crimen “es un acto de violencia inaceptable que no debe tener cabida en nuestra sociedad”.
“Rechazamos cualquier acto de violencia que atente contra la vida e integridad de las personas, y reiteramos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todos los colombianos que hacen parte del sector de los juegos de suerte y azar. De igual manera, rechazamos las intimidaciones de los grupos armados y estructuras delincuenciales en contra de Supergiros, una empresa que genera cuantiosos recursos para la salud y miles de empleos directos e indirectos en las regiones más apartadas de nuestro país”, indicó la entidad.
Y más adelante detalló que este trágico suceso “nos recuerda la necesidad urgente de trabajar juntos, como sociedad, para erradicar la violencia y construir la anhelada paz total”.
Por su parte, desde la Asociación de Empresas de Servicios Postales, Asopostal, se le solicitó al presidente Petro y a sus ministros de Defensa e Interior “que se revisen con urgencia las políticas de manejo del orden público en los municipios donde organizaciones criminales están asumiendo el control de manera alarmante. Actualmente estas zonas están quedando bajo el dominio de grupos ilegales y es imperativo que el Estado asuma nuevamente la autoridad y garantice la seguridad”.
Lo que sí está establecido es que desde el suceso del lunes las autoridades civiles del Cesar, en conjunto con la fuerza pública, realizaron un consejo de seguridad extraordinario en el que establecieron el pago de hasta $40 millones de recompensa para dar con el paradero del sicario, y su acompañante ya que este sujeto huyó del lugar en una motocicleta Bóxer de color azul, junto con otro individuo que la conducía.
“Desde la Gobernación se ha solicitado al comandante de la Policía Nacional, coronel Eduardo Chamorro, estar al frente de la investigación en Bosconia, junto con todas las especialidades. Son 40 millones de pesos de recompensa, 20 millones aportados por la Alcaldía y 20 la Gobernación, para dar con la captura del asesino”, dijo el secretario de Gobierno departamental, Eduardo Esquivel.
Acciones desplegadas
El comando de la Policía del Cesar, a través de una comunicación interna, había solicitado desde el viernes 1 de noviembre a oficiales jefes de subestaciones de las poblaciones “realizar patrullajes a los establecimientos para garantizar el ejercicio de la actividad comercial” de SuperGiros, en sentido que en Astrea y en el corregimiento de Arjona, Cesar, criminales habían obligado al cierre de puntos de la compañía “por temas de extorsión”.
Y en el caso de Bosconia, presuntamente, el mismo Ejército Gaitanista de Colombia, EGC, había pedido no abrir el día lunes. Sin embargo, los puntos de SuperGiros en Bosconia abrieron sus puertas, y el resultado fue trágico. El Ejército Gaitanista asesinó a sangre fría a la joven colaboradora de la empresa.
Pero, presuntamente, la orden impartida por la estructura criminal también se habría extendido a los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El día martes, en medio de una rueda de prensa, el comandante de la Policía del Atlántico, coronel John Harvey Peña, expresó que en la población de Luruaco, sur del departamento, se reportaron el 31 de octubre dos actos de intimidación en establecimientos de SuperGiros. Y este no descartó casos en Barranquilla y su área metropolitana.
Ante eso, el gobernador Eduardo Verano expresó que se desarrollaría una reunión de seguridad para “adoptar acciones de prevención”, y recordó que en esta jurisdicción existe un antecedente de asesinatos de chanceras.
Este miércoles EL HERALDO conoció que en la carpeta de investigación por el crimen de la joven también entraría a indagarse una posible relación entre este caso y el asesinato del expolicía barranquillero Arnaldo Julio Fábregas, atacado a tiros en la noche del 1 de noviembre, en el barrio Santa Lucía, en Cartagena. Fábregas, según medios de Bolívar, era empleado de SuperGiros.
