Permanecer en casa o estar rodeado de familia o allegados continúa siendo poco seguro para los menores de edad en Colombia. La violencia intrafamiliar, al igual que el año anterior, mantiene los registros por encima de los 53 mil casos de ciudadanos atendidos por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y, de esa cifra, entre enero y octubre de este año, se confirmaron como víctimas un total de 6.773 niños, niñas y adolescentes de todo el territorio nacional. El número tuvo un aumento del 31,57 %, en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 5.148 casos.
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Pero las cifras se tornan mucho más oscuras cuando se refiere a delitos sexuales cometidos en entornos familiares y educativos de los menores: el Instituto detalla que entre enero y octubre del presente año fueron sometidos a exámenes médico-legales en sedes de todo el país 15.102 menores.
Y en el plano local, la capital del Atlántico estuvo entre las cinco ciudades del país con más menores atendidos, entre enero y octubre, por ser víctimas de delitos sexuales. Según Medicina Legal fueron 431 los menores que pasaron por una revisión médico-legal.
En cuanto a homicidios de niños, niñas y adolescentes, el país registró en los primeros 10 meses del presente año 495 casos, dos más que el año anterior en el mismo lapso analizado. Es decir, nada ha variado.
¿Qué hacer para proteger a los más frágiles? La abogada Gloria Guzmán, exfuncionaria judicial y experta en Derecho Constitucional, asegura que con relación al tema de la violencia contra niños, más que una cadena perpetua, se necesita “prevención y acabar con la impunidad”.
“Yo, como abogada constitucionalista, pienso que necesariamente la aprobación de la cadena perpetua en Colombia no solucionaría la impunidad, quedaría simplemente como una medida de aparente tranquilidad pública, como ha sucedido en experiencia de otros sistemas judiciales de otros países. Luego, la aprobación de la cadena perpetua no sería la garantía de justicia ni de prevención, porque en Colombia las penas actuales de nuestro Código Penal son penas muy altas y, a pesar de ello, se siguen cometiendo violencia, delitos y abusos contra los niños, las niñas y adolescentes del país, por el incremento de las denuncias, con estadísticas oficiales, de un 8 % durante todos estos meses del año 2024″, considera la abogada.
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A su juicio, uno de los problemas radica en la “operatividad del sistema judicial”.
“En la mayoría de los casos hay mucha demora en cuanto al trámite del proceso penal, partiendo del inicio de la denuncia que hace la víctima, posterior con la ampliación de esa denuncia y después en todas las etapas procesales de ese proceso penal de investigación e imputación de cargos. Aproximadamente en todas estas primeras fases del proceso penal a posteriori de la denuncia que instaura la víctima suceden aproximadamente cuatro años. Todo esto se debe al gran cúmulo de procesos que tienen a su cargo los fiscales y es una situación de conocimiento público. Entonces, se hace importante que opere más bien una política pública preventiva para combatir la impunidad contra los niños, los casos de abusos y de violencia, que opere una política pública preventiva orientada, además, hacia la erradicación del trabajo infantil y hacia la explotación sexual de menores”, opina la constitucionalista.
Y agrega que el sistema judicial debe “fortalecerse muchísimo con relación a la priorización de los delitos. Esa priorización de delitos debe tener una destinación de recursos. También un acompañamiento a los niños. Los niños deben estar acompañados durante todo el proceso y durante todas las instancias judiciales de una manera permanente por parte de sus familias, por parte de las entidades de control del Estado, para garantizar sus derechos fundamentales a la vida, a la salud física, a la salud emocional, a su tranquilidad, a la igualdad y demás derechos constitucionales consagrados en nuestra constitución política”.
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A su turno, el abogado penalista Raúl Romero del Río coincide con lo expuesto por Guzmán en relación con “acabar la impunidad” en torno a los criminales que atenten contra niños, niñas y adolescentes.
“Para poder acabar la impunidad y prevenir la comisión de este tipo de delitos, lo que primero se debe realizar es establecer una política criminal clara donde el Estado pueda conocer las razones que conllevaron a ese comportamiento delictivo o criminal. Esa política criminal debe lograr atender aquellas necesidades no solamente de las víctimas, sino también de reintegrar socialmente al delincuente y evitar la repetición de tales delitos”, manifiesta Romero.
Así mismo extiende que el aparato judicial se debe fortalecer con el aumento del presupuesto con el fin de que este tribute en la capacidad de respuesta institucional en las resultas de los casos y además en el fortalecimiento del talento humano, es decir que se nombren jueces y fiscales e investigadores verdaderamente preparados con el fin de que no se llegue a la impunidad de los mismos y a la comisión de los delitos”.
Cuatro historias para no repetir
Cuatro menores de edad, dos de estos una pareja de hermanos, vivieron verdaderas historias de terror durante este 2024 en el departamento del Atlántico.
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Entre junio y julio, vecinos del barrio La Chinita, en la localidad Suroriente de Barranquilla, fueron testigos del crudo caso de abuso sexual al que fueron sometidos dos hermanos de 8 y 7 años de edad por un hombre que mantenía una relación con la progenitora de los pequeños.
El hecho fue denunciado por la abuela paterna de los niños, aparentemente una empleada de la Alcaldía de Barranquilla, quien decidió tomar control sobre los menores por lo que estos le contaron con múltiples detalles.
Al parecer el más pequeño de los nietos, para mitad de año, llegó hasta la vivienda de su abuela, localizada a pocos metros de la suya y buscó a un primo para narrarle lo que su padrastro, de 42 años de edad y nacido en Malambo, le había hecho cuando quedaron a solas en el domicilio.
“El niño temblaba y yo le decía que no le diera miedo decirme las cosas. Él (niño) me decía que no podía decirme porque su padrastro lo tenía amenazado, que si me decía a mí o al papá, él nos iba a hacer un daño y que él no quería que nos pasara nada”, se leyó en la denuncia, de acuerdo con lo narrado por la abuela del niño.
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Luego, según el documento, el pequeño le habría contado a la abuela y a las autoridades todo lo ocurrido. La hermana mayor también reveló los abusos sexuales a los que era sometida desde hacía dos años atrás.
El fin de esta historia llegó con la detención del señalado abusador y su posterior traslado a prisión.
Antes de finalizar octubre, Sabanalarga y el Atlántico fueron testigos del espantoso caso de una menor de 7 años, víctima de violencia intrafamiliar extrema por parte de su abuela materna y su abuelastro.
Las autoridades revelaron, a través de un informe judicial, que “la niña fue herida con objetos, incluso fue mordida en diferentes partes del cuerpo. La quemaron con una cuchara caliente, y con cigarrillos en diferentes partes del cuerpo y en la boca”.
De hecho se conoció que en medio de estos aberrantes episodios de tortura, “le arrancaron (a la menor) los dientes y las uñas con pinzas de uso mecánico”. De hecho, al parecer, dormía en el piso amarrada de manos y pies.
Sobre los capturados se supo que la abuela materna tiene 42 años y su pareja, 54. Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía en el municipio del centro del Atlántico y luego fueron enviados a prisión.
Trascendió que la menor permanecía en un hogar sustituto bajo protección del ICBF.
Y el marte 26 de noviembre la violencia intrafamiliar cobró la vida de un niño de solo 10 años, Jan Rocha Fuentes, en el barrio Paraíso, de Malambo. La expareja de su madre, un suboficial retirado del Ejército identificado como Fabián Quintero Ramírez, le dio un tiro en la cabeza cuando el menor trató de impedir que atacara a su abuela, Leski Cabrera, de 59 años, quien días después también falleció producto de las graves heridas causadas por el victimario.
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El hombre llegó a la casa de la familia y atacó a los seres queridos de Liney Fuentes Cabrera, quien dijo en su momento: “”Me iba a matar a mí, pero lo hizo con mi hijo para que me doliera más”.
Y a comienzos de este mes de diciembre en el barrio El Esfuerzo, de Soledad, se reportó la detención de una joven madre por el delito de violencia intrafamiliar al quemarle el rostro a su hija de tan solo cuatro años de edad.
Según alertó una tía de la niña, la mujer decidió agredir a la menor con una cuchara caliente provocándole lesiones en su mejilla porque había dicho una “mala palabra” a su hermano de año y medio de edad.
Tras el caso de maltrato, la mujer fue llevada ante un juez de control de garantías.
En estos tres episodios, con cuatro víctimas de por medio, la justicia aún no ha llegado.
Castigos a autores
La Seccional Atlántico de la Fiscalía consiguió este 2024 las condenas de tres hombres por homicidios de menores, con penas por encima de los 40 años.
Uno de estos casos fue el de Manuel Ramón Zapateiro Romero, hombre que hacía dos años había sido capturado por el estrangulamiento de una menor de 17 años de edad, llamada Rosa María Garizábalo Bornachera, a quien tenía como pareja.
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Un juez de conocimiento anunció el pasado mes de abril el sentido del fallo condenatorio por el delito de feminicidio agravado contra Zapateiro Romero.
En su momento, la Fiscalía también hizo referencia a una condena vigente del capturado por el delito de homicidio. Eso tuvo que ver con la muerte de la menor Mileidis Cárdenas Cabrera, de 14 años, ocurrida en 2011.
Las autoridades, en 2011, tomaron una versión de la familia del capturado, quienes aseguraron que este golpeaba permanentemente a la menor porque, al parecer, no le daba los mejores cuidados a la hija de ambos, una niña que para el momento de los hechos tenía un año y nueve meses de nacida.
El pasado 19 de noviembre, el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla dictó sentencia condenatoria contra Elio Enrique Bracho Briceño por el delito de homicidio agravado, en relación a la tortura y posterior homicidio del pequeño Samuel Eduardo Cárcamo Chourio, de tan solo 6 años de edad, ocurrido el año anterior en el sur de Barranquilla.
La togada Sheila Ortega tomó en cuenta los cruentos detalles del caso presentado por la Fiscalía 18 de Vida de la Seccional Atlántico y decidió sin titubeos de la culpabilidad del venezolano, de 32 años, sobre la muerte de su hijastro el pasado 19 de noviembre de 2023, luego de al menos siete horas de múltiples golpes y vejámenes dentro de una vivienda, al parecer, en medio de un ataque de ira.
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En tal sentido, la representante del despacho ordenó una pena de 45 años y 10 meses (550 meses) de prisión sobre Bracho Briceño, hoy en un centro de reclusión de la capital del Atlántico.
Y el 25 de noviembre, la Fiscalía reportó la condena de 40 años de prisión contra Kalet Antonio Portacio Roa, por su responsabilidad en el asesinato de un niño de 12 años en Soledad, Atlántico.
Los hechos que motivaron la sentencia ocurrieron la noche del 29 de noviembre de 2023, entre los barrios Villa Karla y Villa Zambrano.
La víctima jugaba fútbol con otros niños en la calle cuando Portacio Roa, quien era perseguido por varias personas, lo atacó con un arma blanca para abrirse paso y continuar su huida. El menor fue trasladado a un hospital, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.
Frente a condenas de agresores sexuales de menores, el ente investigador contabilizó 14 decisiones judiciales a su favor, cuatro de estas ejecutoriadas en primera instancia, cuatro confirmadas en segunda instancia tras apelación y seis en etapa de estudio tras su apelación.
Entre los casos más relevantes estuvo la decisión contra Julio César González Navarro, conocido con el alias del Terror de la Moto Roja, un hombre que fingía ser mototaxista para abusar sexualmente de mujeres.
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Este sujeto fue capturado en octubre de 2023 luego de permanecer prófugo desde 2017 y en marzo del presente año la Seccional Atlántico de la Fiscalía confirmó la condena por 19 años y 5 meses de prisión por su autoría en la agresión sexual de la que fue víctima una niña de 11 años en abril de 2017.
Y el pasado mes de noviembre la justicia condenó a 120 meses de prisión a un hombre identificado como Tomás Rivera Cuenta por acto sexual con menor de 14 años.
Probablemente ese sea uno de los seis casos que pasó al Tribunal Superior de Barranquilla tras su apelación, que tenía como fecha límite de hacerse el 3 de diciembre.
