La incertidumbre persigue a un grupo de familias del barrio Las Malvinas, en la localidad Suroccidente de Barranquilla, tras la misteriosa desaparición de cinco jóvenes el pasado mes agosto de 2024, cuando todos aparentemente dijeron en sus casas que se iban a trabajar en el sur de Bolívar y Montería y Planeta Rica, en Córdoba.
De acuerdo con la información conocida por EL HERALDO, la historia se remonta al 16 de agosto, pues ese día al menos cuatro de los cinco jóvenes del suroccidente fueron citados a un apartamento del norte de Barranquilla para escuchar una supuesta “oferta laboral”. Atraídos por el dinero, los jóvenes cumplieron la cita, pero entre distintos horarios.
En el lugar, rodeado de comodidades, como aire a condicionado y buenos muebles, una maravilla para quienes nunca tenido la posibilidad de tener algo así, los jóvenes escucharon entonces la propuesta que no era más que un trabajo de “vigilancia” en una finca y por el cual les ofrecían “comida, dormida y tres millones de pesos libres de cualquier tipo descuento o gastos”. Además, supuestamente, les encimaban el pago del transporte ida y vuelta, más comisiones por encargos extras.
Al escuchar tantos incentivos y por la escasa oferta laboral, sumado a la falta de estudios, los jóvenes no dudaron en marcharse.
Se sabe que tres millones de pesos hoy puede ser el salario de alguien que haya pasado por una universidad o tenga una carrera técnica estudiada, y en ninguna de las anteriores encajaban los desaparecidos.
Las denuncias
Entre diciembre pasado y este mes de enero que corre, tres de las familias de estos jóvenes decidieron acudir hasta la Seccional Atlántico de la Fiscalía para denunciar las desapariciones de cada uno de ellos.
De esa forma se conoció que Johan Yesid Orozco Álvarez, de 18 años; Duvan Farid Padilla Meza, de 23, y Omar Yesid Díaz Mercado, de 20 años, son tres de los jóvenes que el 16 de agosto salieron de sus casas en Las Malvinas, específicamente de un sector llamado ‘Rincón Guapo’, en busca de esa tentadora oferta laboral.
Un allegado a Omar Díaz Mercado, en reciente diálogo con este medio, manifestó que este salió a la 1:00 de la tarde de aquel 16 de agosto.
“Salió diciendo que iba para una finca a trabajar por Montería. Y desde ahí, pues no se comunicó con nosotros sino después de una semana. Y luego de ahí no tuvimos más información de él sino como hasta dos meses después que llamó y dijo que estaba bien. Eso fue como en octubre”, comunicó el familiar de Omar Yesid.
Sin embargo, este detalló que denunció la desaparición de su ser querido ahora el pasado 10 de enero porque rodó información en el barrio que a todos los jóvenes “los habían matado”.
“El 24 de diciembre apareció un muchacho y nos dijo eso, que a ellos los habían matado por donde estaban, pero no dijo más información. No hay cuerpos, no hay nada, ellos están desaparecidos”, aseguró.
Luego esta persona hizo claridad en que Omar trabajaba de ayudante de carnicería y desde el mes de febrero del año anterior estaba cesante.
El rastro del Clan del Golfo
Fuentes judiciales consultadas por EL HERALDO expusieron la versión que todos estos muchachos hoy reportados como desaparecidos serían supuestos integrantes de una pandilla del barrio Las Malvinas, conocida como Los Lobos, dedicada a delitos menores.
Y la hipótesis que toma fuerza es que todos fueron reclutados por un integrante del temible Clan del Golfo que, aparentemente, se dedica a esta misión en las localidades Suroccidente y Metropolitana de Barranquilla.
El sujeto los seduce, les dice que van a tener plata, una moto y un arma propia, y eso termina de convencer a esos chicos sin oportunidades. Cuando ya están en el monte, en zona combate, les dan un uniforme y un fusil para que salgan a defender a un cabecilla de uno de esos frentes de guerra. Antes de eso les arrebatan el celular y por eso pierden todo contacto con sus familias, aseguró la fuente.
La última Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo para prevención y protección de la comunidad atlanticense identificó al barrio Las Malvinas, así como a otros sectores de la misma localidad Suroccidente, como una zona de alto riesgo por “conductas vulneratorias a los Derechos Humanos como amenazas, violencia sexual, homicidios selectivos (aplicando la sevicia como mecanismo para generar terror en la población, como es el desmembramientos de cuerpos), masacres; desplazamientos forzados, las extorsiones, desapariciones forzadas, la utilización ilícita, reclutamiento de NNAJ, despojo de vivienda urbana, conflictos por la tierra, violencias basadas en género y trata de personas”.
Al cierre del año anterior, el organismo señaló al menos 297 casos de reclutamiento forzado de grupos armados organizado (GAO) de niños, niñas, adolescentes y jóvenes del país.
Arturo García Medrano, abogado y expersonero de Barranquilla, manifiesta que este tema del reclutamiento de menores y de jóvenes de esta zona del país revela una realidad oculta y una falta de respuesta institucional.
“Es claro que en esto no hay una unidad del Estado. No hay un conocimiento, diríamos, de la importancia de las funciones de cada uno de los organismos. Los informes de la Defensoría del Pueblo deben ser tenidos en cuenta en el diseño de estrategias a partir de los procesos de intervención de la entidad territorial y del mismo Estado en aquellos territorios donde se está produciendo, se está identificando el fenómeno del reclutamiento o instrumentalización de niños, niñas y adolescentes”, opina.
Recuerda que hace diez años atrás se alertó cuando hubo un reclutamiento local de bandas criminales a partir de la instrumentalización de esta población vulnerable en las llamadas nochadas y tardeadas.
“Entre los años 2010 y 2017 esos eventos sirvieron para que se fortalecieran estructuras criminales como las que hoy tenemos en las comunidades del suroriente, suroccidente, zona metropolitana o localidad metropolitana, o como también en Soledad. Hay al menos en veinticinco barrios, en donde estaban claramente diferenciados en su momento la forma cómo esa población joven era jalonada”.
Y finaliza su idea con que “a partir de ahí, esa población entró en ese proceso de consumo de drogas, corrupción de adolescentes, utilización de menores en la trata de personas e igualmente el desarrollo de la misma guerra urbana en estos momentos está generando situaciones de un desplazamiento interno oculto. Los organismos del Estado desconocieron estas alertas que fue lo que permitió que estas organizaciones criminales se fortalecieran en estos territorios”.
