La Fiscalía General de la Nación, desde la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, y la Dijín de la Policía Nacional, continúan con la investigación del presunto fraude detectado el año anterior con el que particulares se quedaban con contratos de entidades prestadoras de salud en el departamento del Atlántico sin cumplimiento de requisitos legales.
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Se trata del sonado caso de dos mujeres que fingieron ser médicas y usaron documentos falsificados, una haciéndose pasar por la otra, para atender a pacientes en unas IPS del Caribe y en la Unidad Prestadora de Salud Atlántico de la Policía Nacional, conocida como la Clínica de la Policía.
Hay que recordar que una de las señaladas, llamada Mayra Zapata, era seguida desde inicios del año anterior, cuando la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional ordenó un trabajo de control interno en la clínica localizada en Soledad a raíz de una “serie de inconsistencias en los procesos de contratación de la Unidad Prestadora de Salud, Upres, Atlántico”.
Eso correspondía a la denuncia sobre el servicio de la mujer entre 2020 y 2023, años en los que consiguió sostener una relación contractual con la Policía, de manera irregular, en unas siete oportunidades.
Tras los hallazgos, el caso escaló a la Fiscalía y por ello se abrió la investigación contra Zapata Gómez por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.
Pero resulta que en las pesquisas se detectó que quien usaba la identidad de Mayra Zapata era otra mujer que se hacía pasar por médica y que con las credenciales de Mayra consiguió entrar a trabajar en la Clínica de la Policía y fue contratada además en centros asistenciales del municipio de Soledad.
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En esa línea, en una segunda fase de investigación, una agencia fiscal imputó recientemente cargos a tres exfuncionarios y uno activo vinculados a la salud del municipio de Soledad.
La Fiscalía 55 Seccional de Administración Pública de Barranquilla, quien adelantó una investigación con la Unidad Anticorrupción de la Dijín, habrían establecido cierta complicidad en las cuatro personas para que Mayra Alejandra Zapata o, más bien, la otra mujer haya podido trabajar como médica general entre 2021 y 2023, con al menos 20 contratos por prestación de servicios, en los centros asistenciales del municipio soledeño.
Hay que hacer claridad en que Mayra Alejandra Zapata fue detenida en Cartagena y en mayo del año anterior fue enviada a la cárcel por orden de un juez de Control de Garantías.
