Poco a poco se conocen nuevos detalles de la red delincuencial que robaba tierras en el departamento del Atlántico.
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En el marco de la Operación Gaia, en un proceso de contrainteligencia e investigación criminal de Dijin y Dipol en coordinación con la Fiscalía 8 Especializada contra la Corrupción, se reveló por medio una investigación de al menos un año contra funcionarios públicos por actos de corrupción que estas personas estaban al servicio de actores criminales.
Estos grupos delincuenciales estaban enfocados en la ocupación y apropiación de tierras en la ciudad de Barranquilla, y los municipios de Soledad, Malambo, Santo Tomás (Atlántico) y Cereté (Córdoba).
Si bien, esta es la primera parte de la operación donde se obtiene gran magnitud de resultados y además, se evidencian actos de corrupción por parte de servidores públicos, en los próximos días se continuará con el proceso investigativo esperando próximos resultados con futuras imputaciones, anunciando así un segundo remezón contra la corrupción.
Esta red estaba compuesta por importantes funcionarios públicos que permitían todo tipo de ilegalidades con el único objetivo de lucrarse a costa de los bienes públicos, siendo integrada por tres registradores de instrumentos públicos, dos inspectores de policía, un notario, un calificador de instrumentos públicos y un funcionario de la alcaldía de Soledad.
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Las identidades
- Luis Martínez, tramitador.
- Rafael Bossio, abogado.
- Iván Páez, Registrador de Soledad.
- Ismael Cárcamo, agente corruptor.
- José Pacheco, calificador de Instrumentos Públicos de Soledad.
- Roque Lugo, testigo falso.
- Marlon Mora, inspector de Policía.
- Alex Ahumada, abogado.
- Francisco Mejía, notario de Santo Tomás.
- David De Castro, exregistrador de Soledad.
- Juan Ucrós, exregistrador de Soledad.
- Andrés Díaz, jurídico de la Alcaldía de Soledad.
- José Márquez, abogado.
- Neissy Cantillo, exinspector de Policía de Soledad.
- Inés Salas, agente corruptor.
- Wilmar Machuca, poseedor irregular
- José Peñaloza, poseedor irregular.
Los roles de cada integrante
Los Registradores de Instrumentos Públicos, permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
Los Notarios permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.
El Calificador de instrumentos públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos, omitía sus funciones de verificación documentos que cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre otros).
Los Inspectores de Policía, emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
El Modus Operandi de la red
La investigación se adelantó desde cuatro importantes líneas investigativas, a partir de la identificación de su modus operandi, mediante la omisión de la revisión y estudio jurídico de diferentes documentos, los cuales eran presentados para dar apariencia de legalidad y así posesionarse de terrenos que posteriormente eran comercializados mediante engaño a terceras personas.
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un Megacolegio y fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50 millones.
De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avaluó comercial por aproximadamente 22 mil millones de pesos.
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Se vieron afectados cerca de 277.000 m2, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelado y vendidos estafando a familias y afectando los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
Con este resultado se busca recuperar el interés de constructoras quienes ya se habían visto afectadas por los intereses particulares de la red criminal para establecer proyectos.
Por último, señalar que este resultado operacional permite generar tranquilidad para las más de 1.800 familias que viven en las zonas afectadas de Soledad (Atlántico).
