La avaricia rompe el saco, pero la corrupción incluso hace creer que la bolsa nunca será vista magullada. Eso fue lo que pensaron unos exfuncionarios en el municipio de Soledad que están vinculados a un tema de robos de tierras en el departamento del Atlántico.
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Una gran operación de la Policía Nacional en asocio con la Fiscalía permitió la captura de 17 personas que estarían aprovechándose de manera fraudulenta y descarada de los bienes públicos destinados para el pueblo.
No obstante, la Policía sentenció que este apenas sería el primer duro remezón para todos funcionarios corruptos que se creían intocables e invisibles ante la lupa de la justicia.
Durante la primera etapa, fueron capturados Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad, Iván Páez, registrador de Soledad; David De Castro, exregistrador de Soledad; y Marlon Mora, inspector de Policía.
A su vez, se encuentran Neissy Cantillo Del Toro, exinspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Sala, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular, José Peñaloza, supuesto poseedor irregular; y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Cabe reseñar que la Fiscalía punteó a los capturados de los delitos de falsedad en documento privado, invasión de tierra o edificaciones, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal, prevaricato por omisión, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, peculado por apropiación, cohecho, entre otros.
Los roles de cada integrante
Los Registradores de Instrumentos Públicos, permitían el registro de predios y otorgaban matrículas inmobiliarias y el reloteo de las mismas; asimismo el desbloqueo de resoluciones de predios de dudosa posesión.
Los Notarios permitían la protocolización de escrituras públicas para la posterior venta de predios obtenidos de manera irregular sin las revisiones previas de pago de impuestos y/o verificación de registros catastrales o matrículas inmobiliarias.
El Calificador de instrumentos públicos, como revisor jurídico de la oficina de instrumentos públicos, omitía sus funciones de verificación documentos que cumplan con la legalidad para inscribirse en el registro (registros catastrales, pago de impuestos entre otros).
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Los Inspectores de Policía, emitían amparos policivos a favor de los usurpadores o agentes corruptores solicitantes de querellas policivas con el fin de apropiarse irregularmente de los terrenos.
Los terrenos ocupados
Dentro de los terrenos ocupados ilegalmente se contaba con una extensión de tierra que debía ser destinada para la construcción de un megacolegio y fue desviado a manos de particulares, quienes lo fraccionaron y comercializaron ilegalmente en lotes, cada uno con un valor aproximado de $50 millones.
De estos predios corroborados documentalmente se conoce su avaluó comercial por aproximadamente $22 mil millones.
En ese sentido, se vieron afectados cerca de 277.000 metros cuadrados, los cuales fueron adquiridos fraudulentamente, posteriormente parcelados y vendidos de forma engañosa a familias.
De esta manera, además, se ha afectado a los proyectos urbanísticos por parte de diferentes constructoras y la ocupación ilegal de zonas de uso público para el uso y goce de la comunidad, las cuales tenían una destinación específica para la construcción de colegios, centros de desarrollo infantil y parques.
