Todo estaba listo el lunes anterior para que la Semana Santa se desarrollara en completa calma en el departamento del Atlántico: había operativos viales de éxodo de viajeros, planes turísticos locales y medidas trazadas por las autoridades, cuando por la tarde estalló la ‘bomba’ en el municipio de Soledad, detonada por el propio presidente de la República, Gustavo Petro, como lo acostumbra en su cuenta de X.
“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, @PolicíaNacional y la @FiscaliaCol capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos…Esta operación continuará con 16 imputaciones más, para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial”, publicó, antes de las 3:00 de la tarde, el mandatario de los colombianos.
Con las horas y ante la exposición del Presidente no hubo más remedio que las autoridades policiales salieran ante medios a entregar más detalles de esta operación llamada ‘Gaia’, desarrollada por la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
En tal sentido se dijo que lo expuesto correspondía a un entramado criminal compuesto por particulares, funcionarios públicos y hasta notarios, a quienes se les seguía desde hacía un año y medio aproximadamente. La red, que operaba principalmente en el municipio de Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico, supuestamente se dedicaba al robo sistemático de tierras mediante falsificación de documentos, suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales.
Las autoridades revelaron además que la estructura criminal llevaba al menos dos años operando con total impunidad. A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados lograban presuntamente apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios. Uno de los casos más indignantes, de acuerdo con lo señalado por la autoridad, fue el intento de despojo de un predio destinado a la construcción de un megacolegio en Soledad, un proyecto clave para la educación de la zona que estuvo a punto de quedarse sin terreno por cuenta del fraude.
Pero este no fue solo un delito de escritorio. La Fiscalía alcanzó a documentar casos en los que personas fueron amenazadas o desplazadas violentamente de sus viviendas para apoderarse de los terrenos. También se registraron homicidios relacionados con disputas por estos predios, lo que demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar este grupo por quedarse con la tierra.
Tal y como lo reveló el presidente Petro el golpe a esta red dejó 17 capturados, entre ellos exfuncionarios de la Alcaldía de Soledad, abogados, tramitadores y miembros de notarías.
Las actuaciones
El brigadier general Gelver Yecid Peña, hoy comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, entregó declaraciones a los medios locales y explicó algunas de las supuestas actuaciones corruptas de los investigados.
Inicialmente confirmó que la línea investigativa se trabajó desde aproximadamente año y medio atrás.
“La primera línea de investigación tiene que ver con la corrupción de servidores públicos que omiten su función y están involucrados con organizaciones delincuenciales con el fin de no proteger el patrimonio público. Segundo, poseedores ilegales e irregulares de tierras. Tercero, abogados tramitadores que estaban al servicio de la organización delincuencial, con el fin de apoderarse de tierras que estaban a disposición del Estado”, señaló Peña.
Frente a los servidores públicos implicados en la organización, el general detalló que “omitían funciones con el fin que estas organizaciones delincuenciales se apoderaran de estos terrenos”.
“En vez de proteger un patrimonio que era de la ciudadanía, estos servidores permitían con escrituras públicas que personas se apoderaran ilegalmente de ellos (terrenos). Tercero pues existían una serie de abogados que a través de tramitologías y falsedades ideológicas y documentales presentaban documentos falsos y así eran poseedores ilegales. Utilizaban a personas con conocimiento de causa para que estas personas se presentaran como poseedores ilegales de las tierras”, documentó el comandante de la Regional 8.
EL HERALDO tuvo acceso a parte de ese material probatorio de la Fiscalía en el que se señala dos de las formas usadas por los indiciados para apropiarse de los terrenos en Soledad y que luego fue corroborado por un investigador judicial que hizo parte de la operación.
En un primer escenario, según lo descrito por la autoridad, los miembros de la estructura identificaban un predio en zona verde de “cesión o donación, en un sector comercial”.
“Ahí empezaba la labor de los abogados, quienes organizaban la documentación espuria. Luego pasaban esos documentos a los tramitadores que agilizaban y coordinaban la venta irregular. El tercer paso lo hacían los funcionarios públicos como notarios, de la Oficina de Instrumentos Públicos y de la Alcaldía de Soledad, quienes daban apariencia de legalidad y terminaban entregando el terreo del Estado. Luego ese terreno se loteaba con arquitectos y se vendía a personas del común”, explicó la fuente.
En el segundo escenario, mucho más perverso, de acuerdo con los resultados de la investigación, los mismos integrantes de la cadena criminal “identificaban una propiedad privada, luego buscaban un falso poseedor que demostrara ilegalmente que tenía cierta posesión sobre el mismo. Seguido inventaban testigos y a través de inspectores, notarios y funcionarios de la Alcaldía de Soledad, desplazaban a su propietario real, ocupaban ese inmueble privado, se loteaba y se vendía”.
La investigación arrojó que el valor global de todos los predios que llegaron a ocupar de manera ilegal ascendería a aproximadamente 22 mil millones de pesos.
¿Y las audiencias preliminares?
Esta misma semana, específicamente en la noche del martes 15 de abril, arrancaron las audiencias preliminares ante el Juzgado 101 penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Barranquilla, en cabeza del juez Ángel Monroy. El togado, vía virtual, dio legalidad a las detenciones de 16 de los 17 capturados hoy investigados por delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado, invasión de tierra o edificaciones, estafa, falsedad material en documento público, prevaricato por acción, fraude procesal, prevaricato por omisión, uso de documento falso, urbanización ilegal, falso testimonio, asociación para la comisión de un delito contra la administración pública, cohecho, entre otros.
En esa línea EL HERALDO conoció que la captura que fue decretada como ilegal correspondió a la del inspector de Policía Marlon Mora Montesino, pero esta tuvo su motivo en un error involuntario de la propia Fiscalía y aquello no interferiría en la investigación en su contra.
Los otros capturados fueron identificados entonces como Juan Manuel Ucrós Ucrós, exregistrador de Instrumentos Públicos de Soledad; Andrés Díazgranados, funcionario jurídico de la Alcaldía de Soledad; José Luis Pacheco Teherán, abogado calificador de la Oficina de Instrumentos Públicos de Soledad; Iván Páez, registrador de Soledad; y David De Castro, exregistrador de Soledad.
También se les decretó legalidad a las capturas de Neissy Cantillo Del Toro, ex inspectora de Policía de Soledad; Ismael Cárcamo, agente corruptor; Inés Salas, con ese mismo oficio; José Márquez, abogado; Francisco Mejía, notario de Santo Tomás; Luis Martínez, tramitador; Rafael Bossio, abogado; Alex Ahumada, abogado; Wilmar Machuca, supuesto poseedor irregular; José Peñaloza, supuesto poseedor irregular, y Roque José Lugo, presunto testigo falso.
Ya en la tarde del miércoles 16, el juez Monroy, luego de escuchar a las partes y de resolver algunos requerimientos de abogados defensores, manifestó que al observar que la investigación no estaba relacionada con un grupo armado organizado, GDO, que es de su competencia, remitiría el proceso a un “Juzgado de Soledad”.
Monroy precisó que no contaba con las competencias para continuar con este tipo de audiencias porque el juzgado que actualmente preside, ambulante, está para atender diligencias de criminales vinculados con GAO (Grupo Armado Organizado) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), como ‘los Costeños’ o el Clan del Golfo.
Sin embargo, tras haber sujetos procesales que no estaban de acuerdo con esa decisión del juez, este ordenó que la decisión la tomara un superior y el asunto escaló al Tribunal Superior de Barranquilla.
Hoy, con casi ocho días del anuncio explosivo del presidente Petro, todavía hay mucha tela por cortar dentro de este escándalo. Aún faltan esos otros 16 sujetos que, según el mandatario, hacían parte de la cadena que se estaba apoderando de las tierras del municipio del área metropolitana de Barranquilla y de la estructura criminal local que la apoyaba. En el caso de la Alcaldía de Soledad no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, hasta ahora.
