Una nueva orden de captura alrededor de la red dedicada al robo de tierras en el departamento del Atlántico fue ejecutada en la mañana de este martes 22 de abril por detectives de la Sijín, vinculados a la Policía Metropolitana de Barranquilla.
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Se trató de la detención de Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda del Círculo de Barranquilla, quien estaría vinculada a la misma investigación dada a conocer el pasado lunes 14 de abril por el presidente de la República Gustavo Petro.
“He sostenido que buena parte de la criminalidad tiene soporte en el mismo Estado. Aquí hemos capturado con la Policía Nacional toda una red dedicada al volteo de tierras en Barranquilla, la mayoría de los capturados son funcionarios públicos ligados a la clase política regional. Velando por los derechos a la vivienda, la educación y el deporte para la población más vulnerable del Atlántico, @PolicíaNacional y la @FiscaliaCol capturaron 17 personas dedicadas al ocupamiento de tierras, entre estos a funcionarios públicos…Esta operación continuará con 16 imputaciones más, para un total de 33 personas judicializadas de esta organización delincuencial”, publicó, antes de las 3:00 de la tarde de ese día, el mandatario de los colombianos.
En esa línea, la curtida notaria Meza Caballero estaría investigada por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato por omisión, asociación para la comisión de delitos contra la administración pública y urbanización ilegal, algunas de las mismas contravenciones endilgadas a los primeros 17 detenidos en la redada llevada a cabo en Barranquilla, Soledad y Cereté, Córdoba.
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En su momento, el brigadier general Gelver Yecid Peña, comandante de la Región 8 de la Policía Nacional, entregó declaraciones a los medios locales y explicó algunas de las supuestas actuaciones corruptas de los 17 investigados.
Inicialmente confirmó que la línea investigativa se trabajó desde aproximadamente año y medio atrás.
“La primera línea de investigación tiene que ver con la corrupción de servidores públicos que omiten su función y están involucrados con organizaciones delincuenciales con el fin de no proteger el patrimonio público. Segundo, poseedores ilegales e irregulares de tierras. Tercero, abogados tramitadores que estaban al servicio de la organización delincuencial, con el fin de apoderarse de tierras que estaban a disposición del Estado”, señaló Peña.
Frente a los servidores públicos implicados en la organización, el general detalló que “omitían funciones con el fin que estas organizaciones delincuenciales se apoderaran de estos terrenos”.
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“En vez de proteger un patrimonio que era de la ciudadanía, estos servidores permitían con escrituras públicas que personas se apoderaran ilegalmente de ellos (terrenos). Tercero pues existían una serie de abogados que a través de tramitologías y falsedades ideológicas y documentales presentaban documentos falsos y así eran poseedores ilegales. Utilizaban a personas con conocimiento de causa para que estas personas se presentaran como poseedores ilegales de las tierras”, documentó el comandante de la Regional 8.
EL HERALDO tuvo acceso a parte de ese material probatorio de la Fiscalía en el que se señala dos de las formas usadas por los indiciados para apropiarse de los terrenos en Soledad y que luego fue corroborado por un investigador judicial que hizo parte de la operación.
En un primer escenario, según lo descrito por la autoridad, los miembros de la estructura identificaban un predio en zona verde de “cesión o donación, en un sector comercial”.
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“Ahí empezaba la labor de los abogados, quienes organizaban la documentación espuria. Luego pasaban esos documentos a los tramitadores que agilizaban y coordinaban la venta irregular. El tercer paso lo hacían los funcionarios públicos como notarios, de la Oficina de Instrumentos Públicos y de la Alcaldía de Soledad, quienes daban apariencia de legalidad y terminaban entregando el terreo del Estado. Luego ese terreno se loteaba con arquitectos y se vendía a personas del común”, explicó la fuente.
En el segundo escenario, mucho más perverso, de acuerdo con los resultados de la investigación, los mismos integrantes de la cadena criminal “identificaban una propiedad privada, luego buscaban un falso poseedor que demostrara ilegalmente que tenía cierta posesión sobre el mismo. Seguido inventaban testigos y a través de inspectores, notarios y funcionarios de la Alcaldía de Soledad, desplazaban a su propietario real, ocupaban ese inmueble privado, se loteaba y se vendía”.
La investigación arrojó que el valor global de todos los predios que llegaron a ocupar de manera ilegal ascendería a aproximadamente 22 mil millones de pesos.
