Una postura a favor de los notarios del departamento del Atlántico y del resto del país manifestó este martes 29 de abril Luis Efrén Leyton Cruz, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en relación a las recientes investigaciones de la Fiscalía contra dos miembros del círculo local notarial.
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En rueda de prensa desde Barranquilla, el presidente de la corporación expresó que “estamos convencidos que lo que está sucediendo no deja de ser un tema de coyuntura, de mucha publicidad, pero en el fondo del asunto, si uno se detiene a mirar y a estudiar lo que se ha aplicado por la prensa, las conductas punibles que les endilgan a los notarios, creo que de acuerdo al estatuto notarial, que es una ley especial del notariado colombiano, seguramente el fiscal más adelante y el juez respectivo en la etapa del oficio va a encontrar que no hay ninguna responsabilidad por parte de los notarios al respecto”.
Leyton Cruz se refería a la reciente investigación contra Ana Dolores Meza Caballero, notaria Segunda de Barranquilla, y Francisco Mejía De la Hoz, notario de Santo Tomás, ambos vinculados a un presunto caso de corrupción asociado al robo de tierras en el municipio de Soledad.
Frente al tema puntual, el agremiado insistió en que “se han dicho muchas cosas por el medio de comunicación, de robo de tierras y el cambio del uso del suelo. Pero de ahí a que el notario sea responsable de esas conductas está muy lejos de la verdad. Porque, vuelvo y digo, el notario actúa conforme a los documentos que se le llegan a su despacho para autorizar X o Y motivo de escritura. El notariado siempre hace de manera muy responsable históricamente un filtro y un estudio estricto sobre los documentos que se le presentan, partiendo del hecho de que son legales, auténticos los que se le allegan. Entonces, de ahí que el notario sea con estas conductas que les están endilgando, es muy difícil, lo debo decir”, opinó.
Cabe reseñar que en Semana Santa, las autoridades descubrieron ante los medios un supuesto entramado criminal compuesto por particulares, funcionarios públicos y hasta notarios, que operaban principalmente en el municipio de Soledad y otras zonas del departamento del Atlántico, y presuntamente se dedicaban al robo sistemático de tierras mediante falsificación de documentos, suplantación de propietarios y maniobras jurídicas ilegales.
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En su momento, las autoridades revelaron además que la estructura criminal llevaba al menos dos años operando con total impunidad. A través de escrituras fraudulentas, registros adulterados y testigos falsos, los implicados lograban presuntamente apropiarse de terrenos públicos y privados, para luego venderlos a terceros de buena fe o simplemente reclamarlos como propios.
Uno de los casos más indignantes, de acuerdo con lo señalado por la autoridad, fue el intento de despojo de un predio destinado a la construcción de un megacolegio en Soledad, un proyecto clave para la educación de la zona que estuvo a punto de quedarse sin terreno por cuenta del fraude.
