Sus cuerpos están tan acostumbrados al miedo que ya no temen decir sus verdaderos nombres. Luego de años de maltrato y otros más huyendo de amenazas, Rosario Rodríguez y Mayerlis Cuello dicen que poner rostro a su realidad es la única manera de hacerla visible. Así creían poder hacer justicia, pero el camino ha sido tormentoso, largo e incierto, luego de que decidieron denunciar.
Hace cinco años Rosario se soltó de las ataduras de su esposo que la retuvieron a punta de golpizas diarias. Mayerlis hizo lo mismo tras perder un riñón en medio de unos celos incontrolables. Desde entonces, estas dos mujeres luchan, una segunda vez, por lo que no deberían tener que luchar: sus derechos.
EL HERALDO publicó en su edición de ayer un informe sobre la falta de personal de la Fiscalía para atender casos de violencia intrafamiliar en Barranquilla y el Atlántico, donde el Centro de Atención a Víctimas (Cavif) tiene dos fiscales y dos investigadores del CTI para atender las 1.627 denuncias presentadas hasta el 31 de diciembre anterior, de acuerdo a la estadística suministrada.
Y otros cuatro fiscales, con cuatro agentes del CTI y cinco de la Sijin, se encargan de 2.874 casos en indagación en el Centro de Atención a Víctimas de Abusos Sexuales (Caivas).
NO SIEMPRE DENUNCIAN
Lo anterior podría ser peor si todas las víctimas presentaran denuncias penales. La Secretaria de la Mujer del Atlántico indicó que solo de enero a noviembre del 2015 se reportaron 545 casos. El miedo es la principal razón para callar, pero cuando se supera la agonía empieza el lento proceso judicial.
Así lo afirma Rosiris Martínez, edil de la localidad suroriente y fundadora de la Red de familiares víctimas de violencia y feminicidio.
'Si en el caso de feminicidios no hemos avanzado mucho, con los maltratos menos. Ante una denuncia solo dan medida de protección, que no la cumplen los agresores. Por eso es difícil quitarles el miedo a las mujeres para que se atrevan a denunciar', advierte.
Martínez apoya desde 2014 a víctimas de violencia intrafamiliar, luego del asesinato de su hija Yuleidis Murcia, de 25 años, a manos de su marido. En la actualidad trabaja con 50 mujeres, entre ellas, Rosario.
'ESPERAN QUE ME MATE'
Lo que comienza mal, termina mal. En esa frase se condensa la historia de Rosario Rodríguez Miranda, de 30 años, madre de dos niños (de 9 y 6 años), quien permanece huyendo y escondiéndose de quien hace cinco años era su marido: Giovanny Rivera Martínez, de 38 años.
Todo comenzó, sin querer. Tenía 15 años cuando Rivera llegó a su casa como maestro de sus hermanos menores y con regalos 'compró' la aprobación de su mamá, quien la obligó a salir con él. 'Si no lo hacía, me castigaba durante el fin de semana, y yo quería ver a mi noviecito de ese momento'.
Un 19 de julio, en un concierto en el estadio Romelio Martínez, inició hace 15 años su primer calvario.
'Era la primera vez que tomaba, era inexperta, pero con dos cervezas no iba a emborracharme. Perdí la conciencia y la recuperé la mañana siguiente cuando desperté en un cuarto de hotel, desnuda en una cama, junto a él. Me violó', cuenta, con una mirada de desilusión que parece ser natural en ella.
De esa confusa situación nació su primera hija, por quien decidió intentar convivir con el hombre que abusó de ella.
Hasta hoy, Rosario no sabe lo que es la tranquilidad. Ya no recuerda el número de veces que Rivera la ha golpeado, solo desea pararlo. Unas puñaladas que le propinó con una botella partida frente a la cara aterrorizada de sus hijos, la hicieron tomar una determinación final. Por lo menos eso creía.
En septiembre de 2014 interpuso la primera denuncia, que quedó en papeles. El año pasado, el 2 de septiembre, Rivera intentó atacarla otra vez en su residencia, pero no lo consiguió. Al día siguiente, Rosario instauró la segunda denuncia.
La URI de la Fiscalía fue su primera parada, más ni siquiera la dejaron entrar. Con un papel la enviaron al Cavif, donde firmó –sin saber– un acuerdo de convivencia con su expareja. Esa noche le dieron hospedaje en una Casa Refugio en el barrio El Bosque.
'Las sábanas estaban llenas de sangre, el baño tenía desperdicios, había gente enferma, olía mal, salían cucarachas y no tenía seguridad, cualquiera podía entrar', contó. Al día siguiente firmó su salida voluntaria.
Semanas después decidió visitar el CAI de la Policía en el barrio Rebolo, al que había ido en otra ocasión por la misma razón. Esta vez sí la atendieron, pero le indicaron que debía ir a una Casa de Justicia. Sin pruebas físicas, poco pudo hacer. No valió ni el testimonio de su hija, quien llevaba los mensajes amenazantes por orden de su papá.
'No me dieron medida de protección porque el testimonio no fue del último hecho, sino del año anterior, cuando me agredió con una botella partida. Yo tengo que llegar con el cuchillo en el cuerpo o muerta para que actúen', dijo Rosario con desdén. Todavía sigue escondiéndose.
Tiene el azúcar alta, no duerme por las noches, camina por las calles viendo de un lado a otro, está desempleada y con muchas deudas, y solo le pide a las autoridades protección.
'Solo quiero que me deje en paz, que me ayuden las autoridades. Pero me tienen de un lado a otro sin darme solución, están esperando a que me mate para encarcelarlo, y ya para qué', se queja, y las lágrimas le brotan de impotencia.
'LES QUEDÓ GRANDE'
En la unidad de cuidados intermedios del Hospital Cari permaneció por 21 días Mayerlis Cuello Ospina, con múltiples traumas en su cuerpo. Una agresión con patadas, puños y puñaladas le perforó el riñón izquierdo, al punto que los médicos tuvieron que extraerlo. El agresor: José Barrios Ricardo, su primo hermano y exesposo, quien tiene su misma edad, 22 años.
Durante ocho años, desde que tenía 14, Mayerlis soportó constantes ataques. Vivían en el barrio Me quejo, en una casa con un vivero que les daba de comer. 'Él llegaba drogado a la casa, era muy mujeriego y me pegaba cada vez que le reclamaba', contó. Pero nunca lo había denunciado ante las autoridades. Y no pensó en hacerlo, simplemente se fue.
Volvió a la casa de sus padres en el municipio de Santo Tomás (Atlántico). Allá sucedió lo que cambió su perspectiva. El ataque fue el 13 de diciembre último, en el barrio Primero de Mayo. Y solo con ayuda de su mamá Teotista Ospino, pudo instaurar la denuncia en la Fiscalía de la población, por tentativa de homicidio.
'La llevé convaleciente al Cavif, en silla de ruedas, ella no se acuerda mucho, todavía estaba sedada. Al verla, aceptaron enseguida la demanda', contó Teotista en el puesto de comida que tiene en la carretera Oriental.
También fueron a la Defensoría del Pueblo. Barrios tiene orden de captura por orden de un juez, pero las autoridades no saben de su paradero. Según las denunciantes, agentes de la Policía han allanado su casa e incluso interceptado el celular de Mayerlis, al que recibe mensajes con amenazas.
Han pasado dos meses y nueve días desde el ataque. 'Lo que me hizo no es cualquier cosa, él tiene que pagar, pero a las autoridades les quedó grande cogerlo', dice Mayerlis. Ya está recuperada de la cirugía, pero la pérdida del órgano le ocasionó problemas de respiración que aún no supera.
