Dos nuevas diligencias judiciales fueron realizadas dentro del proceso que cursa en la Fiscalía General de la Nación contra la senadora electa por el Partido Conservador, Aida Merlano Rebolledo, hoy presa en la cárcel para mujeres El Buen Pastor, de Bogotá.
El 12 de mayo, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la medida de aseguramiento de Merlano Rebolledo en el reclusorio de Bogotá, pese a que la defensa de la congresista barranquillera trató de alegar que se le enviara a la casa con dos argumentos que no hicieron eco en la máxima instancia judicial.
Merlano, según la Fiscalía, lideraba una red de compra de votos para favorecer a políticos de Barranquilla.
Lo del viernes, conocido en primicia por EL HERALDO, se trató de la imputación de cargos por concierto para delinquir contra el gerente de la campaña ‘Merlano Senadora’ que, de acuerdo con la investigación, fue Edwin Rafael Martínez Salas, uno de los que inicialmente cayó el pasado 11 de marzo tras el allanamiento realizado en la ‘Casa Blanca’, sede política de la congresista barranquillera.
Andrés Camilo Rincón Bustos, fiscal 197 Anticorrupción de Bogotá, vino desde la capital del país y realizó el procedimiento en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
Ante el juez Séptimo Penal Municipal, Maxlínder Pichón, el representante del ente investigador presentó además a Everlyn Carolina Díaz Díaz y a Jefferson de Jesús Viloria Mieles también como responsables del delito de concierto para delinquir.
Ninguno de los tres capturados, quienes fueron cobijados con casa por cárcel desde el pasado mes de marzo cuando se destapó el caso de corrupción, aceptaron los cargos.
Everlyn Carolina Díaz Díaz y Jefferson de Jesús Viloria Mieles, dos de los cinco capturados en marzo en la sede política de la electa senadora Aida Merlano Rebolledo, están vinculados al Concejo de Barranquilla a través de contratos por prestación de servicios.
Viloria y Díaz fueron cobijados con detención domiciliaria en aquel momento, luego de que la Fiscalía les imputara cargos por corrupción al sufragante y porte ilegal de armas.
Precisamente en una de estas diligencias, el ente investigador reveló que estas dos personas de la campaña política tenían contratos 'vigentes' con el Concejo de Barranquilla.
En el caso de Everlyn, jefe de marketing y pedagogía a electores dentro de la campaña al senado de Merlano, está asociada a la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales con un contrato de 20 millones de pesos a cinco meses, es decir 4 millones de pesos por mes.
Mientras que Jefferson Viloria Mieles tiene un contrato actual en el cabildo por 17 millones de pesos a 11 meses, como 'técnico en el área que sea asignado por un concejal'.
Esto se descubrió en medio de las pesquisas realizadas por la Dijin de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía una vez se realizó el allanamiento al domicilio ubicado en la carrera 64 con calle 81B, en el norte de Barranquilla.
Para el ente investigador, 'se trató de una información llamativa', en el sentido que tienen cercanía con el honorable Concejo de Barranquilla.
Interrogatorio
EL HERALDO también conoció que el ente investigador, representado en este caso por el fiscal 197 Anticorrupción, llamó el viernes a indagatoria a la exdiputada y anterior aspirante a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical, Lilibeth Llinás, quien fue la fórmula de Aida Merlano en las pasadas elecciones parlamentarias.
El nombre de Llinás fue citado días atrás en medio de las audiencias preliminares contra los hermanos Sara Luz y Carlos Jiménez, vinculados también a la supuesta red de corrupción liderada por Merlano.
En dichas diligencias, el fiscal del caso indicó que la investigación se inició por el allanamiento del 11 de marzo pasado a la sede política de la representante Aida Merlano, 'donde existía una presunta organización criminal que funcionaba desde las elecciones de 2015, para elegir concejales de Barranquilla y diputados del Atlántico (...), entre los que se encontraban Margarita Balén, Aissar Castro y Lilibeth Llinás (aspirante a la Cámara)'.
'Esta estructura criminal aglutinó a más de 2.000 personas, todas a su servicio, cumpliendo funciones orientadas a lograr el propósito de alcanzar una curul en el Senado de la República (…). Todo lo anterior denota que hallándose aún vigente esa estructura criminal en momentos en que se avecinan nuevas jornadas electorales, la investigada puede ponerla al servicio de los intereses políticos que le asisten', precisó la Corte Suprema sobre el particular.
Los hermanos Jiménez, procesados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, corrupción al sufragante y falsedad en documento privado, fueron enviados a prisión en Bogotá.
Investigación
Así fue la compra
En el dossier de este caso, la Fiscalía hizo especial énfasis en las 21 personas llamadas 'coordinadores' y que, al parecer, habrían sido los encargados de la masiva compra de votos. De este grupo harían parte allegados de Merlano, dirigentes políticos locales como diputados y concejales. En la investigación aparece el número de votos aportados por cada 'coordinador', el valor entregado por la campaña a ese coordinador, el valor del transporte por cada uno de los votos suministrados y, finalmente, una bonificación del 10% por el cumplimiento. Este dinero, al parecer, era el que se entregaba a los líderes. En números, el total de votos aportados por los coordinadores estaba calculado en 132.766 sufragios y el pago global entregado por la campaña fue de $6.171 millones.
