En el contexto de la pandemia, Colombia fue uno de los países de la región que ajustó sus órganos de justicia a las nuevas dinámicas que impuso la covid-19, con el fin de reducir la propagación del virus; esas medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura tuvieron un impacto —positivo y negativo— con respecto al funcionamiento del acceso a la justicia.
A lo largo de la emergencia sanitaria hubo suspensión de los términos judiciales, y otros trámites como la presentación de tutelas y radicaciones de habeas corpus se llevaron a cabo a través de mecanismos virtuales. Hoy en día las audiencias de control de garantías se siguen celebrando a través de videoconferencias.
Sobre los mecanismos virtuales es que se centra el debate, pues los diferentes actores de la rama judicial, abogados y víctimas, han hecho reparos a la forma en cómo se irrumpió, 'de forma improvisada' a estas estrategias tecnológicas.
La semana pasada, precisamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García-Sayán, hicieron un llamado a los Estados de la región para que se garantice 'el más amplio acceso a la justicia' como medio fundamental para proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales.
'Existe una falta de cobertura en varias partes del territorio de los Estados. La CIDH y el relator Especial de la ONU hacen un llamado a los Estados para que garanticen el acceso a un internet asequible y pluralista a todas las personas que se encuentren en su territorio, y en particular a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, y los exhortan a tomar medidas positivas para reducir la brecha digital', señaló el organismo a través de un comunicado.
