El fiscal 29 de delitos contra la administración pública, Guido Rivera, imputó cargos a las diez personas capturadas por miembros del CTI de la Fiscalía por irregularidades cometidas en dos contratos por valor de $2.500 millones de pesos, destinados para alimentar a 1.778 niños de Ponedera y Tubará, en edades comprendidas entre cero y 5 años.
Los procesados no aceptaron los cargos de falsedad en documento público, peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de requisitos, que les imputó el Fiscal 29 de delitos contra la administración pública.
La mañana de este jueves se inició la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía.
Los contratos en que se habrían presentado las irregularidades son el 331 del 22 de diciembre de 2014 por $1.028 millones, y el 346 de la misma fecha, por valor de $1.253 millones.
Las capturas de funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar, representantes de la Unión Temporal Unidos por la niñez y cuatro proveedores, entre ellos un policía activo, se realizaron el martes en Barranquilla, Soledad, Baranoa, Sabanalarga y Santa Marta, mediante orden judicial del Juzgado Primero Penal Municipal de Soledad.
Ayer en la mañana el juez 13 penal municipal Carlos Vásquez Velásquez legalizó las capturas de Yolanda Ruiz Pinzón, exdirectora del ICBF Atlántico; Janeth Ortega de Camargo, Oneida Bayona Barrios, Carlos Gamarra Sierra, Rosmery Maldonado Fontalvo y Luis Avendaño Méndez (representantes de la Unión Temporal Unidos por la niñez; además de Luis Avendaño Fernández, Eduardo Camargo Ortega, Juan Carlos Villanueva Hernández y del policía activo Orlando Alberto Jessurum, adscrito a la Policía Metropolitana de Santa Marta.
En horas de la tarde el fiscal 29 de delitos contra la administración pública, con apoyo de la Fiscal 41 de la Unidad de Estructura de Apoyo, le imputaba a Luis Avendaño Méndez los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
A su hijo Luis David Avendaño Fernández el representante del ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
A Oneida Bayona Barrios, coordinadora del centro zonal del ICBF en Sabanalarga le fueron imputados los mismos delitos, al igual que a Carlos Gamarra Sierra.
A Yolanda Pinzón Ruiz, exdirectora del ICBF regional Atlántico, el fiscal Guido Rivera le imputó cargos por peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.
A Rosmery Maldonado Fontalvo y Juan Carlos Villanueva Hernández les fueron imputados los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
A Eduardo Camargo Ortega y su esposa Janeth Ortega de Camargo el fiscal les imputó los delitos de peculado por apropiación y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, y a Orlando Jessurum Torres le fue imputado el cargo de peculado por apropiación.
La audiencia de imputación de cargos se realizaba anoche y hasta el cierre de la edición se esperaba que los procesados aceptaran o no los cargos que les imputaba el representante de la Fiscalía.
