A las instalaciones del Centro Cívico asistieron en el día de ayer los siete representantes de la política local, involucrados en la investigación de la Fiscalía denominada Operación ‘Casa Blanca’ I y II.
Se trató de la diputada Margarita Balén; la excandidata a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás; el exconcejal Aissar Castro Reyes; su hijo, el actual concejal Aissar Castro Bravo; el concejal Juan Carlos Zamora; el diputado Jorge Rangel Bello y Vicente Támara. Todos llegaron al pabellón de Justicia y Paz para la imputación de cargos por los delitos de corrupción al sufragante y concierto para delinquir dentro del proceso que lleva la Fiscalía, y por el que hoy está tras las rejas Aida Merlano Rebolledo.
En la audiencia, Andrés Camilo Rincón Bustos, Fiscal 197 Seccional Dirección Nacional Especializada contra las violaciones a los derechos humanos, le explicó al Juez Único Penal Municipal con funciones de control de garantías adscrito a Bacrim, Ricardo Méndez, la organización jerárquica de los participantes en la empresa dedicada a la supuesta compra de votos a favor de Aida Merlano.
Según la investigación de la Fiscalía, este delito se dio con anterioridad a las elecciones de 2015, con permanencia en el tiempo en las elecciones 2018, y con 'proyección a darse en las elecciones de 2019'.
De acuerdo a Rincón Bustos, las cabecillas de esta organización serían Aida Merlano y Lilibeth Llinás, debajo de ellas en la organización jerárquica estarían los citados ayer por la Fiscalía, además de unas 2000 personas que fueron denominadas como líderes.
'Se concertaron con el fin de cometer múltiples delitos contra los mecanismos de participación democrática y atentar contra cualquier otro bien jurídico que resultara necesario con el fin de alcanzar el propósito de esta empresa criminal', manifestó el fiscal.
Según la investigación de los peritos forenses de la Fiscalía se encontró evidencia en los documentos incautados en allanamientos en ‘La Casa Blanca’ el 11 de marzo de este año, relacionada con datos de 2015. Es decir para el periodo 2016 a 2019, esta organización se planteó que algunos políticos pertenecientes a esta 'empresa criminal' resultaran elegidos como concejales o diputados por el departamento del Atlántico. 'Es decir, lograr la elección del señor Juan Carlos Zamora y del señor Aissar Gregorio Castro Bravo, la señora Margarita Balén y Jorge Luis Rangel Bello como diputados…pero no solo ellos, también el político Adalberto Llinás Delgado, hermano de la procesada Lilibeth Llinás y el señor Carlos Rojano Llinás, que en ese entonces aspiraba al concejo de Barranquilla', añadió el fiscal Rincón Bustos.
Con respecto a las pasadas elecciones del 11 de marzo de 2018, el delegado del ente investigador señaló que el propósito de este grupo criminal era lograr posicionar como senadora por el partido Conservador a Aida Merlano Rebolledo y como Representante a la Cámara a Lilibeth Llinás Delgado, por el partido Cambio Radical.
Para la Fiscalía, en las futuras elecciones del año 2019, este grupo buscaba que sus miembros fueran nuevamente reelegidos, más la elección de nuevos integrantes de esta estructura que reforzaran al grupo.
Grupo Financiero
De acuerdo con la Fiscalía, 'existieron varios financiadores de la estructura criminal, identificando principalmente al contratista Julio Gerlein Echeverría'.
En las investigaciones, la presunta organización criminal dedicada a la presunta corrupción del elector tenía una estructura cíclica. 'Es decir, de que a pesar de que en las elecciones del 11 de marzo de 2018, las cabezas visibles eran Aida Merlano y Lilibeth Llinás, las directamente beneficiadas; en las elecciones del 2015, quienes se encontraban beneficiados y como líderes eran Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Bravo, los diputados Margarita Balén Méndez, Jorge Luis Rangel, y debajo de estos nuevamente estaban Edwin Martínez, Jefferson Viloria Niebles, y Evelyn Carolina Díaz. Debajo de ellos el personal administrativo, conformado por el área de sistemas, seguridad, personal de logística, didactas, digitadores, pagadores, taquilleros, personal encargado de las casas de apoyo, administradores entre otros', añadió el delegado del ente acusador, dirigiéndose hacia los imputados.
Sobre la organización de trabajo del presunto sistema de compra de votos a favor de Aida Merlano, el fiscal explicó además que la presunta empresa criminal contaba con área de gerencia, recursos humanos, coordinación, departamento administrativo, personal administrativo, oficina de sistemas, personal externo y un área de seguridad.
Por ultimo sobre la escala jerárquica de esta organización, el fiscal señaló que se encuentran los miles y miles de votantes. Fiscalía logro identificar a 10.008 personas, quienes recibieron dinero, y llevaron a cabo las labores indicadas por los líderes, ejerciendo su derecho al sufragio por los candidatos ya mencionados a cambio del dinero recibido.
El manejo
Según la investigación presentada por los investigadores judiciales y testimonios recaudados por la Fiscalía, los imputados que oficiaban como coordinadores en la supuesta compra de votos, recomendaban a individuos que pudieran trabajar en la organización como 'líderes', que debían ser personas de confianza, y tener la capacidad de reclutar un alto número de votantes.
Cada uno de estos líderes tenía asignado un coordinador, el líder debía acercarse al comando central para recibir instrucciones para el trabajo a realizar.
Esta instrucción la impartían los coordinadores (ayer imputados), y las mismas Aida Merlano, y Lilibeth Llinás.
También delegaron para este efecto a la señora Evelyn Carolina Díaz Díaz (procesada), los aspirantes a líderes debían llenar un formulario de inscripción o formulario de ingreso, donde suministraban datos personales, fotocopias de sus cedulas de ciudadanía.
En este proceso los aspirantes señalaban cuál era su coordinador, es decir el político de confianza que los recomendó e indicaban el número de votos que le prometían a la organización conseguir.
Luego a dicho líder le era entregado un talonario desprendible y un huellero para ser diligenciado con los datos de los votantes que se comprometía a conseguir. 'Con ese talonario empezaba su función de reclutamiento', precisó el Fiscal.
'Le tomaban los datos al votante incorporando su huella al talonario, y fotocopia de la cédula. Dicha labor era denominada por la organización como el trabajo. Una vez que el líder obtenía los datos del votante, le prometía la suma de 50 mil pesos; luego de dicha promesa el líder debía acercarse nuevamente al Comando Central a dar cuenta de los votantes consignados en el talonario', dio detalles el fiscal Rincón Bustos.
Cuando era atendido en el Comando, el coordinador que lo atendía desprendía una parte del talonario para pasarlo a labores de revisión de ese trabajo. De esa manera seguía el proceso para captar a los votantes, según el fiscal.
Luego de escuchar el relato de la reconstrucción por parte de la Fiscalía del paso a paso de como trabajaba esta presunta empresa criminal, ninguno de los políticos citados en el día de ayer aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
La Fiscalía solicitó al Juez Bacrim, medida de aseguramiento intramural para los imputados, dicha medida será sustentada el viernes a las 8:00 de la mañana en la sala de Justicia y Paz.
En detalle
¿Y el testigo?
En las audiencias de ayer, la Fiscalía no citó el nombre de Francisco Palencia Borrero, señalado testigo clave dentro de la investigación que se sigue contra la senadora Aida Merlano y quien aseguró el pasado 25 de julio que está amenazado. Palencia Borrero señaló que las amenazas de muerte las empezó a recibir al día siguiente de rendir testimonio ante el alto tribunal contra Merlano. 'Atribuyo cualquier atentado contra mi núcleo familiar a Aida Merlano Rebolledo, Margarita Balén, Aissar Castro, Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara'. Afirmó en diálogo con EL HERALDO que 'voy a seguir hasta las últimas consecuencias, a pesar de las amenazas de muerte que hay en mi contra'. Palencia es considerado por la Fiscalía como el hombre clave para develar ante la Corte Suprema de Justicia el presunto modus operandi de la organización de compra de votos de Aida Merlano en las pasadas elecciones del 11 de marzo.
