El Comité de Derechos Humanos de la ONU falló, el pasado 19 de mayo, en contra del Estado colombiano por no investigar a quienes ordenaron el homicidio del sindicalista Adolfo Múnera López, ocurrido en el barrio El Bosque, suroccidente de Barranquilla, el 31 de agosto de 2002.
De acuerdo con el fallo, el Estado violó los artículos 2, párrafo 3 y el 6, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y reconoció que en la región Caribe 'se produjeron numerosos casos de asesinatos de sindicalistas' durante el período en que Múnera fue asesinado.
Según lo anterior, señaló el Comité que 'se debía sospechar la existencia de uno o más autores intelectuales, los cuales no han sido investigados ni sancionados por las autoridades judiciales colombianas'.
El líder defendía los derechos de los trabajadores de la multinacional Coca-Cola en Barranquilla, donde trabajaba desde 1983, y su crimen, según la decisión, guarda estrecha relación con el papel que desempeñaba como sindicalista. En 1995 lideró una huelga histórica que logró el cierre de las plantas de la compañía en la costa Caribe, lo que ocasionó una gran pérdida a la empresa.
Así las cosas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y el Centro Europa-Tercer Mundo (CETIM), quienes ejercen la representación de la familia Múnera y del sindicato Sinaltrainal, presentaron una denuncia ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015.
El presidente del CSPP, Franklin Castañeda, señaló a EL HERALDO que el Estado colombiano, si bien reconoció que el asesinato de Adolfo Múnera tuvo motivos políticos, 'no investigó a los presuntos patrocinadores del crimen, entre ellos, la eventual responsabilidad de multinacional Coca-Cola que había sido denunciada públicamente por vínculos con grupos paramilitares'.
El funcionario manifestó que en 'reiteradas ocasiones' Adolfo había solicitado protección del Estado, especialmente después de ser amenazado por estos grupos, razón que lo obligó a abandonar su lugar de residencia e irse para Venezuela y Ocaña, Norte de Santander, pero dicha protección solo se dio pocos días antes de su asesinato.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó al Estado que, en un plazo de 180 días, aporte información sobre las medidas que haya adoptado para esclarecer el homicidio del líder sindical y comunitario de forma que, tras 18 años de espera, puedan conocerse los móviles e identidades de quienes determinaron su muerte, además de una indemnización de los familiares.
En un comunicado, la CSPP destaca que por el homicidio de Múnera se condenó a 17 años a Adolfo Charris, autor material, pero dice que 'no existió una investigación penal acerca de los intereses detrás de la muerte del reconocido sindicalista, ni de su autor/es intelectuales, patrocinadores y/o beneficiarios, lo que ha sido una constante en este tipo de casos en el país y que ha afectado notoriamente a Sinaltrainal, organización sindical de la cual Múnera era parte'.
Tras cinco años de litigio, el Comité de Solidaridad recordó que el derecho a la vida incluye 'la obligación' del Estado a 'adoptar toda ley o medida apropiada para su protección, especialmente en el caso de las personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad debido a amenazas específicas y/o pautas de violencia anteriores'. Esto fue respaldado por el Comité de DD HH.
En ese sentido, la decisión del Comité de la ONU de declarar la responsabilidad del Estado resulta 'trascendental' y 'útil' para todas las personas y organizaciones que luchan contra la impunidad de este tipo de delitos.
'La decisión recuerda la importancia que, como garantía de no repetición, tiene una investigación judicial esclarecedora de la verdad y la justicia, que redunde en la persecución penal contra los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y en consecuencia, en el desmantelamiento de las organizaciones criminales detrás de ellos', señaló Castañeda.
Alberto Brunori, director de la Oficina de la ONU en Colombia, quien participó la mañana de ayer en un debate virtual, expresó que la decisión pone en relieve la importancia de los deberes de los Estados que hacen parte del Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles.
'En este caso, el dictamen cierra un ciclo extenso de lucha por la verdad. Adolfo fue sindicalista en un momento de la historia en Colombia donde la labor de la defensa de los Derechos Humanos suponía un riesgo paga la vida y la integridad de las personas. Su muerte llegó en forma de disparos que cegaron su vida', expuso Brunori.
El funcionario leyó la decisión del Comité y destacó 'que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas apropiadas para llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz, así como imparcial, independiente y transparente sobre la circunstancia del homicidio de Múnera, con el objetivo del establecimiento de la verdad'.
Brunori fue enfático en señalar que el Comité reconoció que la Fiscalía investigó el caso, pero al mismo tiempo indica que el esclarecimiento del hecho 'no está completo'.
'Estos avances siguen siendo un reto para varios casos similares en la actualidad. La Oficina saluda los esfuerzos que se hicieron en este caso', dijo.
