Robar y tratar de no dejar rastro era lo que usualmente hacían los tres presuntos ciberdelincuentes que fueron capturados en un operativo adelantado por miembros de la Dijín de la Policía Nacional y detectives de la Policía Metropolitana de Barranquilla, tras un año de seguimientos.
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Fue el Centro Cibernético de la Dijín y agentes de esta unidad policial los que descubrieron cómo funcionaba la estructura criminal integrada por dos hombres y una mujer, esta última empleada de un call center.
Según la autoridad, como primer paso, los cibercriminales obtenían los datos crediticios de las potenciales víctimas en locales comerciales, cuando estos llegaban a pagar por un producto o servicio.
“Empleados deshonestos de caja tomaban fotografías a las tarjetas cuando los usuarios hacían las compras, obteniendo así datos como número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de verificación. Una vez hurtados los datos, los cibercriminales procedían a ofertar servicios a bajo costo los cuales correspondían a la compra de tiquetes aéreos, pago de servicios públicos, recargas de apuestas, alquiler de inmuebles, entre otros, los cuales eran adquiridos por terceros pagando en efectivo o mediante cuentas bancarias simplificadas, desconociendo que los cibercriminales realizaban la compra con datos hurtados de tarjetas de crédito en la modalidad de Carding”, explicó la institución armada.
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En el rastreo de los detectives se encontró con la posible defraudación de 382 compras con 98 tarjetas de crédito de víctimas en 62 establecimientos de comercio, en los que fueron destinados los dineros producto del fraude con pagos que oscilaban entre los 500 mil y 32 millones de pesos, para un total 313 millones de pesos.
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Dentro de la actividad operativa desarrollada fueron incautados 4 dispositivos móviles, identificando que uno de ellos estaría vinculado a la venta de tiquetes aéreos fraudulentos y otras actividades criminales. Entretanto, los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por los delitos de concierto para delinquir, violación de datos personales y hurto por medios informáticos y semejantes. Un juez legalizó el procedimiento de captura, los allanamientos y los elementos tecnológicos encontrados en la operación.
