El magistrado Alberto Poveda del Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, por homicidios, en el proceso judicial que se le adelanta bajo la Ley 906 de 2004.
Luego de reanudar la audiencia solicitada por la Fiscalía, el magistrado negó además el recurso de reposición interpuesto por la defensa y el propio mandatario, desestimando los argumentos expuestos por el abogado Alfredo Montenegro, representante del gobernador, e igualmente, rechazando la inconformidad manifestada por este último, que en repetidas ocasiones ha dicho que en lo pertinente a su situación jurídica se le ha violado el debido proceso.
A Kiko Gómez la semana pasada le habían sido imputados cargos por su presunta comisión de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte y tráfico ilegal de armas, relacionados con las muertes de Henry Ustáriz, su esposa Yandra Brito Carrillo y el escolta Wilfrido Fonseca Peñaranda.
Cabe señalar que por otro caso que adelanta la Fiscalía (Ley 600/2000), Gómez Cerchar permanece retenido en la cárcel La Picota de Bogotá desde octubre del año pasado. Teniendo en cuenta esto, la fiscal de caso, Martha Lucía Zamora, cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), explicó por qué era necesario y urgente que se le dictara esta nueva medida de aseguramiento ante la presunta responsabilidad de Kiko Gómez en la comisión de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte y tráfico de armas, en calidad de determinador y a título de dolo.
De acuerdo con la sustentación de Zamora, se trata de dos procesos independientes que se adelantan bajo sistemas distintos en los que las medidas de aseguramiento exigen cursos causales diferentes.
Kiko Gómez permanecerá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, sitio en el que permanece desde octubre del año pasado, cuando le fue librada una primera orden de captura por un proceso independiente que se le sigue al amparo de la Ley 600/2000.
El pasado 12 de febrero, la Procuraduría General de la Nación inhabilitó y destituyó por 17 años a Kiko Gómez, por presuntos incumplimientos a la Ley de Contratación Estatal.
Posteriormente, el 18 de febrero, Gómez Cerchar envió su carta de renuncia al cargo de gobernador de la Guajira al presidente de la República, Juan Manuel Santos.
