'Nos pueden traer toda la plata que tiene el Banco Mundial y aun así será insuficiente para devolvernos a nuestros seres queridos y la tranquilidad que teníamos', aseguró Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de los wiwa en la histórica audiencia de reparación a pueblos indígenas afectados con el accionar del grupo paramilitar que comandaba Hernán Giraldo, alias el Patrón.
El líder indígena agregó que 'ni la reparación, ni el perdón son suficientes para resarcir el grave daño que sufrimos, los golpes que nos propinaron los paramilitares con los homicidios selectivos, las masacres, los desplazamientos y la ocupación de los lugares sagrados'.
Loperena afirmó que es muy difícil de olvidar lo que pasó, especialmente para aquellos que quedaron huérfanos, para las viudas o para las jovencitas que fueron violadas.
'Cuando asistimos a estas audiencias, nos toca recordar todo, pero solo nos queda llorar y consolarnos entre nosotros mismos', aseguró con voz temblorosa.
Insistió además en que el perdón no solo debe ser de parte de los victimarios, sino del Estado, que permitió el incremento de estos grupos por falta de vigilancia. 'El Estado no nos garantizó nuestros derechos y debe pedir perdón públicamente a través del presidente de la República', dijo Loperena.
La comunidad wiwa fue víctima de la masacre del Limón, en la que fueron asesinados ocho indígenas en septiembre del 2012, el desplazamiento de varios sectores donde habitaban, estigmatizaciones, homicidios selectivos y el irrespeto a sus tradiciones, según se documentó en la audiencia.
Esta es presidida por la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, que se trasladó por primera vez a Riohacha para reconocer a la comunidad indígena víctima de los delitos cometidos por este grupo armado. Después del secuestro, Calides mantiene un miedo permanente
Otra de las víctimas que tuvo la oportunidad de hablar en la audiencia de reparación, fue Calides Rafael Barros Epiayú, un wayuu que fue secuestrado en abril de 2002 junto a su hijo de 19 años.
Hernán Giraldo, derecha, y su sobrino Nodier Giraldo.
Según relata, el 11 de ese mes cuatro carros con unas 10 personas cada uno, fueron los que participaron en el hecho. 'Nos amarraron, nos subieron a uno de los vehículos, nos interrogaron y luego sobre un mulo seguimos el camino durante 10 horas hasta la Sierra Nevada de Santa Marta', indicó.
Afirma que le pedían 2 mil millones de pesos para dejarlo libre, pero solo consiguió inicialmente 500 millones, con lo que pudo lograr su libertad, pero no la de su hijo.
'Me dijeron que me podía ir, pero mi hijo se quedaba y duramos una hora abrazados llorando en la despedida', manifestó Rafael. Después de entregar 290 millones más logró recuperar a su hijo.
Fueron tres meses de secuestro y dice que uno de los momentos más terribles, fue cuando uno de los que lo cuidaban manifestó que 'si me demoran la mesada, voy a liberar al cucho'.
'Dos días después me mostraron un periódico, donde estaba registrado el asesinato de ese hombre', indicó casi temblando.
Los acusados pidieron perdón y cuestionaron al Estado. 'Pido perdón a las víctimas, lo que queremos es unificarnos a la sociedad. Soy totalmente un campesino. Volver y decirles perdón. Me da mucha vergüenza escuchar lo que dicen', fue el perdón expresado por Hernán Giraldo, alias el Patrón, cuando le tocó el turno de intervenir en la audiencia de reparación.
Reconoció los hechos, los cuales escuchó atento, aunque en varios momentos se le notó cansado y algo fastidiado. La mayoría del tiempo conversaba con su sobrino Nodier Giraldo Giraldo, con quien está en una cárcel de Virginia, en Estados Unidos.
Daniel Giraldo, hijo de Hernán y quien intervino desde Barranquilla, aseguró que en muchos de estos hechos participaron otras personas que ya murieron y que 'a veces la Policía se daba cuenta de lo que hacíamos y no nos decía nada'.
Otro de los postulados que pidió perdón fue Adán Rojas Mendoza, quien se atrevió a cuestionar al Estado y dijo que 'las comunidades indígenas no solo fueron afectadas por nuestro accionar, sino también por el olvido del Estado, que debe brindarles más atención. Hace poco salió en las noticias que la comunidad wayuu está afectada, creo que por la falta de medicamentos o alimentos y algunos se han muerto'.
La respuesta de Zeneida López Cuadrado, Fiscal Novena de la Unidad de Justicia Transicional, fue inmediata y contundente. Expresó que 'aquí no estamos haciendo un juicio histórico de lo que han sufrido las comunidades, sino un juicio de responsabilidades por los actos que ustedes cometieron'.
Rojas también acusó a miembros de un grupo de contraguerrilla perteneciente al Batallón Cartagena del Ejército con sede en Riohacha y a los del Batallón Tayrona, de ser sus cómplices en algunas acciones.
