La Procuraduría, tras una visita a la represa del río Ranchería en La Guajira, en medio de la crisis de agua que afronta la región, concluyó que la obra 'no es utilizada para todos los propósitos para los que se construyó', a pesar de que 'cuenta con las conexiones disponibles para que los municipios unan sus tuberías y se surtan del agua'.
El proyecto, inaugurado a finales del año 2010, advierte el Ministerio Público, 'cumple tan sólo con uno de los cuatro objetivos para los que se construyó: surtir de agua los distritos de riego de la Ranchería'.
Y agrega el informe publicado este jueves que no se aprovecha la infraestructura para las otras tres labores: el abastecimiento de agua para los acueductos de nueve municipios de La Guajira; generación de energía; y suministro de agua para el Distrito de San Juan del Cesar.
El ente de control disciplinario también cuestionó por qué los diferentes municipios que se beneficiarían con el proyecto no han realizado sus conexiones a la presa para surtirse del preciado líquido para sus pobladores.
Al tiempo que criticó la aparente falta de control por parte de Corpoguajira en la vigilancia de las concesiones de agua otorgadas.
'La represa, que fue construida con una capacidad máxima de 198 millones de metros cúbicos, en la actualidad cuenta con 93 millones de metros cúbicos de agua; una descarga de 7760 litros por segundo, lo que quiere decir que, si la sequía continuara con la misma intensidad, se podría mantener este caudal hasta el mes de marzo del 2015', señala el documento.
Añadió la Procuraduría que si la obra cumpliera con su labor, 'el proyecto de conducción de agua abastecería a los municipios de Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania y San Juan del Cesar'.
Lamento Guajiro. Miembros de la asociación de cultivadores de la Represa del Ranchería, Asoranchería, dijeron sentirse muy preocupados por los virajes que ha tomado el megaproyecto de la represa y el distrito de riego, como también la microcentral de hidrogeneración eléctrica y el abastecimiento para los acueductos de los siete municipios del centro y norte de la península.
'Nos preocupa el componente político que en cada administración y cada período electoral se le viene dando al proyecto y pese a los requerimientos y estudios hoy es una obra que le genera detrimento al patrimonio del Estado por no menos de 20 mil millones de pesos anuales', dijo el agricultor, presidente de Asoranchería y representante de los arroceros de La Guajira y Cesar, José Ramón Molina Peláez.
El dirigente indicó que fueron ellos mismos los que acompañaron a los funcionarios de la Procuraduría General de la nación que estuvieron en La Guajira inspeccionando la represa para saber el estado en el que se encuentra y quiénes se benefician hoy de esa obra.
'Pudieron palpar que los objetivos principales de llevar el agua a los siete municipios, la construcción de la mini hidroeléctrica y el distrito de Riego no se cumple y solo hay agua para el distrito de riego del ranchería en donde observaron poca vigilancia del organismo ambiental competente (Corpoguajira)'. Dijo que con base en esa visita se produjo el pronunciamiento del órgano disciplinario que ayer fue conocido en el país.
