El exalcalde de Riohacha Rafael Ceballos Sierra afirmó que los cuestionamientos de la Contraloría General de la República al contrato para construcción y puesta en marcha del Sistema Integral de Acueducto y Abastecimiento de agua potable en el corregimiento de Camarones, 'se originaron por el incumplimiento del contratista Consorcio Aguas para un Pueblo'.
Explicó que este atraso fue en la solicitud y obtención de la licencia para la explotación de agua y el permiso de vertimiento. 'Esta obligación le correspondía, de acuerdo con los pliegos de condiciones y el contrato celebrado', aseguró Ceballos.
Agregó que frente a este incumplimiento, la administración inicio actuaciones especiales en contra del Consorcio Aguas Para un Pueblo, para determinar las responsabilidades y medidas que le correspondían según el caso.
'Después del requerimiento de la administración, el contratista procedió a darle trámite a la licencia y permiso, y hoy -ayer- fueron otorgados los dos, por lo que los requerimientos de la Contraloría fueron superados', indicó.
Dijo también que aunque las obras están hechas, la administración distrital se abstuvo de darle recibo oficial hasta tanto el contratista cumpliera con las obligaciones pendientes. 'Subsanado ello, no habría lugar a que se materialice un detrimento patrimonial', puntualizó.
La Contraloría dio a conocer un hallazgo fiscal y dijo que 'la obra física fue ejecutada en diez meses con un 99% y el porcentaje de ejecución financiero fue de 89%. Tuvo tres suspensiones debido a la sanción realizada por el consorcio Copnia (Consejo Profesional Nacional de Ingeniería), ya que no cuentan con las licencias, y/o permisos ambientales de explotación de aguas subterráneas y de vertimiento de aguas residuales, requisito indispensable para la presentación y aprobación de los proyectos ante los Ocad'
La administración de Ceballos Sierra firmó en mayo del 2013 este contrato para la realización de la obra con el consorcio Aguas para mi pueblo, luego de que el proyecto fuera aprobado por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión Ocad.
El otro hallazgo de la Contraloría fue en la gobernación de La Guajira por valor de $3.865 millones encontrados en el sector de Educación, el octavo sector con presunto incidencia fiscal, cuyo objeto es realizar una interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución de los proyectos de apoyo a las estrategias de acceso y permanencia de la cobertura educativa, a través de los programas de alimentación y transporte escolar, y al fortalecimiento de la calidad educativa en zona rural de los municipios no certificados en el departamento.
