En un informe que había sido clasificado como confidencial, el Gobierno Nacional solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que revoque las medidas cautelares que otorgó a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayuu, en La Guajira, frente a temas que los aquejan como la desnutrición infantil , la falta de agua y el acceso a un buen servicio de salud.
Este documento fue entregado el pasado 30 de diciembre al organismo internacional, pero solo se conoció en el marco de la reunión que sostuvieron este viernes 12 de febrero, los peticionarios el líder wayuu Javier Rojas y la abogada Carolina Sáchica con representantes del Estado colombiano para concertar estas medidas.
En este documento el Gobierno nacional afirma que las medidas solicitadas se han acreditado y demostrado, por lo que hace la solicitud.
En el encuentro los representantes del Estado, expusieron las acciones que están llevando a cabo en La Guajira, con las que según ellos están cumpliendo con lo solicitado ante la CIDH.
Indicaron que el gobierno conformó una mesa técnica de agua, que se han entregado 380 millones de litros de agua en 312 carrotanques y que se sigue entregando el líquido en las comunidades wayuu.
También, que hay 222 proyectos de soluciones de agua entre arreglo de pozos, desalinizadores y arreglo de jagüeyes de los cuales 86 están terminados.
En seguridad alimentaria se expuso que durante 2015, 12.170 hogares se beneficiaron de proyectos de seguridad alimentaria ReSA.
También aseguran que entre 2014 y 2015, el Instituto Nacional de Salud notificó 21% menos casos de muertes por desnutrición, que el ministerio de Salud activó una línea de emergencia para atención a la desnutrición y que el ICBF realizó una microfocalización en Maicao, Uribia y Manaure.
La abogada Carolina Sáchica es optimista y afirmó que es un buen comienzo porque parece que el Gobierno tiene la intención de cumplir, aunque no entiende por qué pide la revocatoria de las medidas a la CIDH.
Por su parte el líder Javier Rojas, de la Asociación Shipia Wayuu , asegura que hace mucho tiempo ha escuchado lo mismo, por lo que es algo incrédulo, ya que los niños siguen muriendo. 'Me parece un acto de crueldad la indolencia del Estado por la situación de nuestra niñez', aseguró.
Se mostró en desacuerdo con varias de estas medidas, por ejemplo la línea telefónica que se habilitó, ya que los wayuu en las rancherías no tienen teléfonos fijos y muchos menos internet. Agrega además que quienes contestan en estas líneas no son wayuu y no hablan wayuunaiki.
La solicitud de medidas cautelares fue presentada el 19 de febrero de 2015, por el líder wayuu Javier Rojas Uriana, junto a Carolina Sáchica abogada del Consultorio Jurídico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, para que el gobierno proteja la vida e integridad de los miembros del pueblo wayuu.
Según la solicitud, la vida de los indígenas en La Guajira está en riesgo por la falta de acceso al agua potable y al estado de desnutrición que esto causa, en especial a los niños y niñas indígenas. 'Son unos 4.470 menores que han muerto durante los últimos ocho años, por lo tanto pedimos concretamente que se abran las compuertas que restringen el paso del agua del río Ranchería por su caudal natural', afirma Rojas.
