Hoy se cumplirá en Riohacha el Primer Consejo Departamental Extraordinario de Política Social del 2016, con la presencia del procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez; la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Miriam Hoyos, y la directora del ICBF, Cristina Plazas.
El encuentro, en el que también estarán los alcaldes de los 15 municipios de La Guajira y la gobernadora Oneida Pinto, se llevará a cabo en el Sena.
En la reunión las entidades departamentales deben entregar un informe respecto a las medidas adoptadas en favor de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y las familias afectadas por la crisis humanitaria que se presenta por el hambre y la falta de agua potable. También deben dar a conocer las acciones desarrolladas en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las líneas de acción para la construcción participativa del documento Conpes Guajira, anunciado por el presidente Juan Manuel Santos.
El pasado viernes, Ordóñez, en una fuerte crítica por lo que sucede en La Guajira, afirmó que 'la responsable de la muerte de los niños wayuu es la omisión del Estado' y expresó, en su autocrítica, que también 'fallamos los organismos de control, que no hemos tomado decisiones prontas frente a esta situación'.
En 2015 murieron 37 niños y en 2014 otros 48. Los municipios más afectados han sido Manaure y Uribia, dos de los que más regalías han recibido por la explotación del carbón y el gas.
