Después de decenas de debates, informes, mesas de trabajo y reuniones sobre la crisis humanitaria en La Guajira, que en lo corrido del año suma otros 11 niños muertos por desnutrición –en 2015 murieron 37 y 48 en 2014– hay dos conclusiones centrales.
Primero, que este es un problema originado por múltiples causas que unidas han llevado a esta región a vivir su época más difícil y, segundo, que la solución debe ser estructural, de fondo y permanente en el tiempo.
A pesar de que se conoce plenamente cómo debe abordarse la crisis, esta ha aumentado desde que EL HERALDO en marzo del 2014 dio a conocer una histórica tutela interpuesta por César Arismendy Morales, entonces director del departamento administrativo de Planeación de La Guajira y secretario técnico del Consejo de Política Social, contra el Estado colombiano para exigirle la protección de los derechos de los niños y niñas guajiras, especialmente de las etnias wayuu, wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo.
En el proceso impetrado ante el T ribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, el funcionario aseguró que entre 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los cuales 278 sufrían desnutrición y el resto, 2.691, otras patologías asociadas a la falta de una buena alimentación.
'Nosotros los wayuu no estamos dejando morir a nuestros hijos, como han querido dar a entender, el problema es que no tenemos fuentes de empleo, hemos estado abandonados por el Estado y además sufrimos una grave sequía', dice la gobernadora Oneida Pinto.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional frente a la crisis, contra la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares para proteger a la población vulnerable -la reacción de las administraciones departamental y municipales ha sido cuestiona por ser casi que inexistente- hay cinco grandes causas vigentes:
Sequía extrema que lleva tres años
La gobernadora Oneida Pinto señala que en la Alta Guajira hay 3.122 jagüeyes totalmente secos debido a que hace tres años no llueve en esa zona, lo cual ha impedido que la población dispersa wayuu tenga acceso al agua. El Departamento ha sido declarado en 'calamidad pública' y de acuerdo con la información del Ideam solo lloverá después de junio.
Al respecto, el Programa Mundial de Alimentos ha manifestado que 'la disminución de lluvias en los últimos años (en La Guajira) ha tenido graves efectos en los niveles de seguridad alimentaria y en la salud de la población'. Y ha señalado que 'el desabastecimiento de agua y alimentos ha afectado a más de 63.000 personas, la mayoría de ellas concentradas en los municipios de Riohacha, Uribia y Manaure'.
Paralelo a esa afectación natural, la organización ambientalista Censat Agua Viva denuncia en un informe que las multinacionales carboneras han acaparado y controlado el agua, lo cual ha agravado la escasez. 'Aquí también es importante desmitificar el discurso creado para legitimar la sed de La Guajira como producto de un fenómeno de escasez que se quiere presentar como natural, cuando el surgimiento de esta condición es el resultado del despojo de las fuentes y su utilización en actividades contrarias a las necesidades de la vida humana, animal y vegetal', indica la organización.
Como ejemplo señala que Cerrejón usa 17 millones de litros de agua cada día y explica que estos son extraídos del río Ranchería para regar las vías por las que transitan las volquetas, a fin de aplacar el polvo que levantan. Mientras esto sucede, el consumo promedio diario de una persona en la Alta Guajira, según datos del PNUD, es de 0,7 litros de agua no tratada.
El abandono del Estado
En un informe sobre la crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo reconoce que 'La Guajira ha sido objeto de un constante e histórico abandono por parte del Estado y de los organismos de control, incluida la misma Defensoría'.
Dice que, a través de la historia, esta región se ha acostumbrado a la desidia y al abandono, hasta el punto de que las cifras ya no asombran, ni alarman a la comunidad.
El antropólogo wayuu Weildler Guerra Curvelo asegura que en la crisis 'hay una gran responsabilidad nacional' y considera que con una 'voluntad decidida' se podría erradicar el problema, porque el país 'sí tiene los recursos para invertir'.
Así opina también el líder wayuu Javier Rojas Uriana, uno de los peticionarios de las medidas cautelares que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rojas afirma que el Estado ha sido 'responsable' de las muertes de los niños. 'Están acabando con nuestra comunidad y necesitamos que haga más presencia en el territorio indígena'. Otra líder wayuu asegura que en la Alta Guajira hay comunidades donde solo conocen el nombre del presidente Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó del 13 de junio de 1953 al 10 de mayo de 1957. 'Es decir, no han visto acciones de los presidentes que han pasado hasta la fecha, ya que solo tienen conocimiento de los molinos y jagüeyes que se hicieron en el gobierno de Rojas', añade.
Sin embargo, hace menos de dos semanas, el presidente Juan Manuel Santos aseguró, en una nueva visita, que ningún gobierno había invertido tanto en La Guajira como el suyo. Aunque le reconocen sus acciones, muchos piensan que hay 'muchísimo más para hacer' para que el Departamento se recupere.
La creciente corrupción
Un común denominador que ha surgido es que la muerte de los niños wayuu es atribuida a la corrupción administrativa. Desde 1995 hasta 2015 La Guajira recibió por regalías del carbón y el petróleo 4,8 billones de pesos, pero hoy la Gobernación prepara una petición para entrar a la Ley 550 o de quiebra porque las deudas que encontró suman cerca de $360 mil millones y no puede atenderlas con el presupuesto de $400 mil millones para la vigencia de 2016.
¿Qué se hicieron todos esos billones recibidos?, es la pregunta que aflora en medio de la creciente crisis humanitaria. Al respecto, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, en una de sus visitas recientes, sostuvo que 'el verdadero problema de La Guajira no es la sequía: es la corrupción, porque se robaron las regalías y no hicieron las obras que se necesitaban para afrontar los episodios de la naturaleza'.
Hace poco, el médico Spencer Rivadeneira aseguró que la sociedad es culpable de lo que sucede porque 'aquí todo mundo sabe dónde es que venden las cajitas de leche del ICBF y no denuncian'. Manifestó que la politiquería debe salir de esta institución para que pueda funcionar como debe ser.
La misma directora nacional del Bienestar Familiar, Cristina Plazas, se ha referido a la corrupción interna, ha hablado de 'mafias' e incluso ha presentado denuncias ante la Fiscalía que dejan varias capturados por graves irregularidades en el suministro de alimentos de niños, pese a contratos que suman cerca de $140.000 millones. El obispo de Riohacha, monseñor Héctor Salah Zuleta, aseguró a EL HERALDO que la corrupción 'es la principal calamidad del Departamento, ya que han usado para su propio beneficio los recursos que debieron emplear en la solución de tanto problema que tiene esta región'.
La corrupción se da en todos los niveles, incluso al interior de las mismas comunidades wayuu. Un informe de la Contraloría General de la República, en el que evaluaron la vigencia de 2012 cuando se manejaron $57.621 millones, manifiesta que se vulneraron los derechos de participación de miembros de las comunidades, beneficiando a pequeños grupos, lo que conllevó a la mala inversión y desviación de recursos.
Planeación Departamental también encontró que hubo dificultad para llevar control y evaluar los proyectos porque son ejecutados, en su mayoría, sin especificaciones técnicas, no se fijan objetivos ni se sabe cual es la población beneficiaria. Es decir, no se formulan los proyectos de manera que puedan ser medidos en sus metas y en la calidad de sus productos de bienes o servicios.
Cierre de la frontera con Venezuela
La Gran Nación Wayuu está conformada por unos 600 mil indígenas de Colombia y Venezuela. Para ellos no hay fronteras, por lo que el cierre ordenado por el Gobierno venezolano desde septiembre del 2015 los ha afectado porque muchas comunidades no tienen alimentos que antes conseguían en el vecino país.
Zoe María Curvelo, del clan Ipuana de Puerto Estrella, dice que antes se alimentaban con productos venezolanos y de Panamá, Aruba, Bonaire y Curazao que entraban a través de Puerto López, Puerto Estrella y Bahía Portete, tres puertos que fueron cerrados para evitar el contrabando y por la presencia de grupos al margen de la ley.
En un informe, la Defensoría del Pueblo indica que La Guajira de los wayuu en esa época no se alimentó de productos colombianos: la canasta básica familiar estaba conformada por quesos holandeses, leches norteamericanas, aceites y arroz venezolanos. 'Este contrabando se acabó con la apertura económica de los años 90', asegura.
Weildler Guerra manifiesta que Venezuela era el destino habitual de parte de la producción artesanal, agrícola y pecuaria wayuu. 'Numerosos trabajadores indígenas del lado colombiano laboraban en granjas y haciendas venezolanas. Pero la devaluación del bolívar recortó estos ingresos y la situación actual de la economía de ese país ha llevado al retorno de trabajadores wayuu y sus familias al lado colombiano', explica.
Subraya que el desabastecimiento en Venezuela redujo drásticamente el flujo de víveres hacia La Guajira, lo que hizo evidente la dependencia de nuestro país que, con la frontera cerrada, no ha asumido el papel de abastecedor de alimentos a La Guajira, lo cual ha sido 'factor determinante' en la crisis que se está viviendo.
Población dispersa y aspecto cultural
El departamento de La Guajira tiene, según el Dane, aproximadamente 902 mil habitantes, de los cuales 162.362 están en Uribia. En ese Municipio se encuentra la mayor cantidad de wayuu, pero de manera dispersa en 22 mil puntos poblados, dice la gobernadora Oneida Pinto.
En Manaure son 7.900 los puntos poblados, en Maicao 5.900 y en Riohacha 4.900 agrega.
Esta situación, destaca la mandataria, es una 'gran dificultad' para llegar a cada una de las rancherías y poder ayudar a la población en crisis.
Por ejemplo, argumenta, el municipio de Uribia mide 7.900 kilómetros cuadrados, igual que el departamento de Caldas y dos veces el Atlántico.
La Defensoría del Pueblo asegura que además no hay una caracterización real de la población wayuu por lo que el 'subregistro en desnutrición es alarmante'.
Adicional a esto, los líderes indígenas se quejan de que ninguno de los programas que se diseñan aplica el enfoque diferencial con su etnia, por lo que siempre hay dificultades a la hora de trasladar a los menores a los centros asistenciales para que reciban la atención que necesita.
La Asociación de IPS Indígenas de La Guajira sostiene que la construcción del nuevo modelo de salud que anunció el Ministerio de Salud para esta zona del país debe dar una participación activa a los médicos tradicionales, trabajar desde el contexto del espíritu y mente wayuu y con los sabedores de la tradición medicinal ancestral.
Además se debe contratar con personal bilingüe y tener en cuenta a las autoridades tradicionales de cada comunidad.
La realidad política, administrativa, social y económica de la península indica que lo que viven sus comunidades más vulnerable no tendrá solución si no se ponen en marcha planes de inversión permanentes y vigilados. De lo contrario los niños seguirán muriendo.
