El ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró anoche durante el foro de Corpoguajira, cumplido en Riohacha, que el proyecto para desviar el arroyo Bruno ya tiene todas las licencias aprobadas y está en ejecución.
'Lo que se está haciendo es una segunda mirada al proceso para que la comunidad tenga la tranquilidad de que existe garantía de protección del recurso hídrico y que se garantice la consulta previa a otras comunidades de la zona', indicó.
El funcionario se refiere a la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, que resolvió un fallo de tutela, en el que ordenó la suspensión durante un mes de los actos administrativos de la Corporación Autónoma de Desarrollo de La Guajira, Corpoguajira, en los que autoriza la intervención de las aguas del arroyo Bruno, caudal que tributa al río Ranchería y que será desviado por Cerrejón, para mantener su producción de carbón.
Dijo que en el marco de este fallo instalaron una mesa interinstitucional en la que están el Ministerio del Interior, Corpoguajira y el Ministerio del Medio Ambiente que sesionará el próximo lunes.
'En este evento me di cuenta que es un proyecto bien llevado, muy ajustado a los estándares técnicos y ambientales, por lo que genera mucha tranquilidad', manifestó Murillo.
Agregó que con el plan de compensación, sin embargo, se requiere una voz importante de la comunidad, sobre todo la wayuu y la afrodescendiente, para tener un diálogo más allá del proyecto.
'Creo que la comunidad quiere llevar un debate técnico con otros actores, por lo que nos proponemos invitar al Instituto Humbolt, al Ideam y el Servicio Geológico, para darle más tranquilidad', dijo.
A su turno, el presidente de Cerrejón, Roberto Junguito, dijo que si el proyecto que contempla la desviación del arroyo Bruno no sale adelante, se perderán 1.200 de los 12.000 empleos que genera esta multinacional, afirmó su presidente Roberto Junguito en la socialización del mismo que organizó Corpoguajra.
Respondiendo los interrogantes y cuestionamientos que se le hicieron al proyecto por parte de quienes se oponen al mismo, aseguró que 'esta empresa no haría un proyecto que no sea social, ambiental y técnicamente responsable, porque hemos sido una compañía premiada por estándares internacionales'.
Así le respondió a la abogada wayuu Estercilia Simanca Pushaina, quien cuestionó la presencia de un gran número de personas provenientes de Albania. 'Este fue un comité de aplausos que trajo Cerrejón, conformado más que todo por jóvenes, quienes están esperanzados en un empleo dentro de este proyecto', aseguró.
La empresa asegura que cumplió con todas las instancias legales que exige la ley colombiana, después de 18 años de estudios, evaluaciones, aprobaciones y el desarrollo de un proceso de consulta previa con la comunidad de Campo Herrera, por lo que ya cuenta con los permisos del Ministerio del Medio Ambiente, el del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de Corpoguajira.
Marlon García, uno de los miembros de la comunidad wayuu El Rocío, aseguró que no es posible que 'Corpoguajira otorgue permiso para el desvío de un arroyo, mientras prohíbe que corte leña para darle de comer a mis hijos o corte unos palos para construir mi rancho'.
Él se encontraba en la mesa principal, luego que varias personas insistieran al inicio del evento, que allí debería haber una representación de las comunidades aledañas al arroyo Bruno.
Otra de las participantes fue Carmen Sierra, quien aclaró que El Rocío no queda a 10 kilómetros del arroyo Bruno, como afirma Cerrejón, sino solo a cuatro kilómetros, por lo que sí está en el área de influencia.
Ningún representante del Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira, que se ha opuesto desde un principio al proyecto, decidió no asistir al foro de Corpoguajira porque solo los invitaron un día antes del evento.
