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La defensa de Oneida Pinto Pérez presentó al Consejo de Estado un Incidente de Nulidad de Carácter Constitucional contra el fallo, del pasado 7 de junio, con el que se anuló su elección como gobernadora de La Guajira.

Su nuevo apoderado, el abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño, asegura en el recurso que se violó el derecho al debido proceso 'causado por el desconocimiento de los principios de igualdad, confianza legítima en el precedente, derecho adquirido y pro libertate'.

Por esto pide al magistrado ponente Alberto Yepes, que se declare la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de trámite para que quede sin valor el auto que decretó la prueba oficiosa.

Así mismo la mandataria departamental solicitó la aclaración de la sentencia emitida por el Consejo de Estado, pidiendo específicamente que se respondan varios interrogantes.

Entre ellos, por qué razón se tiene como una misma circunscripción la que comprende el municipio de Albania y la del departamento de La Guajira, segundo, por qué razón se da por sentado que una incompatibilidad se torna en inhabilidad cuando media el principio de taxatividad legal y tercero, por qué siendo el régimen de inhabilidades taxativo, con fundamento en qué disposición constitucional o legal el Consejo de Estado se ha arrogado la potestad legislativa de convertir incompatibilidad legal en una inhabilidad.

También pide que se le explique por qué en este caso, tratándose de un cambio jurisprudencial o una sentencia unificadora, 'no se le dio el carácter de fallo pedagógico a la decisión, en respeto del principio de confianza legítima sobre el desarrollo jurisprudencial, vigente a la época que fui elegida, violando con ello el derecho a la igualdad frente a sentencias en donde se ha obrado en tal sentido'.

Pone como ejemplo el caso del representante a la Cámara por el departamento de Antioquia León Dario Ramírez Valencia, tratado en sentencia de marzo del 2015.

Pinto Pérez también envió una comunicación al fiscal general encargado Jorge Perdomo, en donde se puso a disposición de la Fiscalía, ante el anuncio de una investigación por su presunta responsabilidad en la apropiación de recursos para la niñez, en hechos ocurridos en el municipio de Albania en 2010.

Aseguró que 'no tengo ninguna vinculación con los hechos, por lo que le manifiesto mi disposición en tiempo y lugar'.

Pinto contrató a Héctor Carvajal como su nuevo abogado y se apartó de las recomendaciones dadas por sus anteriores apoderados.