'Gobernador, tenga mucho cuidado. Detrás de esto hay cosas muy grandes y graves'.
Hace quince días, la advertencia la recibió Jorge Enrique Vélez, mandatario encargado de La Guajira, del propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
¿De qué debía cuidarse el funcionario que en agosto pasado asumió el cargo con la recomendación directa del presidente Juan Manuel Santos de poner en orden la administración de este Departamento, inmerso en una crisis humanitaria en la que, entre otros males, decenas de niños de la etnia wayuu mueren de hambre?
Se trataba de un plan criminal para asesinar a Vélez, quien mes y medio atrás, cuando estaba en un restaurante, recibió una llamada en la que un sujeto, luego de espetarle una serie de vulgaridades, le sentenció:
—Usted sabe de lo que le estoy hablando; tiene 24 horas para salir de La Guajira. Ya lo tenemos ubicado y a su familia.
Vélez, sin perder la calma aunque impactado, le respondió en términos duros a su interlocutor:
—Dígale a quien me está mandando la razón que le agradezco que me dio la línea y me mostró que vamos por el camino correcto, que ese era el callo que había que pisar (…).
El mandatario colgó, no sin antes hacerle saber al amenazador que tenía quien lo protegiera. Por eso, de inmediato hizo dos llamadas: una al secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, quien enseguida ordenó a la Policía Nacional reforzar la seguridad y la protección tanto del funcionario como de su familia; la otra, al fiscal general. Este le pidió que se reunieran en Bogotá y le manifestó que le diera chance para averiguar de dónde venían las amenazas.
Luego de las pesquisas, que incluyeron interceptaciones telefónicas y otros rastreos tecnológicos, fue que el fiscal Martínez lo llamó para informarle del plan para matarlo. La búsqueda condujo hasta la cárcel de Ternera, en Cartagena, donde está preso un delincuente llamado ‘Masacre’.
Martínez también le anunció a Vélez que por estos hechos llamaría a imputación por presunta tentativa de homicidio a la exgobernadora Oneida Pinto.
La dirigente no asistió a la audiencia del pasado 7 de octubre, en un juzgado de Paloquemao, en Bogotá; ni antes había ido a una citación en la Fiscalía.
Pinto, quien fue remplazada provisionalmente por Vélez tras ser anulada su elección por el Consejo de Estado, niega estar relacionada con lo descubierto.
'No tengo nada que ver con las amenazas', ha expresado la dirigente política, quien fue expulsada del Partido Cambio Radical por esta investigación en su contra y porque en el desempeño de su cargo 'violó los principios de transparencia, dignidad, responsabilidad, entre otros', argumentó la colectividad en un comunicado.
Los callos pisados
Cuando el gobernador Vélez le dijo a quien lo amenazaba que todo era por los callos que había y seguiría pisando, se refería a las denuncias que hizo ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría General por casos sospechosos de corrupción administrativa que encontró, que comprometen miles de millones de pesos que fueron desviados antes que destinarlos a la salud, educación, obras públicas, cultura, saneamiento básico y electrificación rural, entre otros sectores, de La Guajira que es una de las regiones del país más golpeadas por la pobreza, la miseria y las desigualdades sociales de sus 968.000 habitantes.
EL HERALDO conoció que la Fiscalía tiene en marcha un 'importante paquete' de investigaciones sobre lo que es calificado, dentro y fuera del Departamento, como el 'saqueo de La Guajira', procesos en los que, de acuerdo con lo establecido, están bajo escrutinio las conductas de exgobernadores, exalcaldes, exfuncionarios departamentales y municipales, así como líderes wayuu que, a través de fundaciones, se prestaron para un 'sinnúmero de irregularidades'.
Entre las investigaciones, encomendadas por Martínez a 7 fiscales de la Unidad Nacional Anticorrupción y a, por lo menos, 30 investigadores del CTI, que han ido por toda La Guajira recolectando informaciones y pruebas, están '47 contratos interadministrativos' suscritos por Oneida Pinto, en sus cortos siete meses de mandato, con los municipios de Uribia, Manaure, Dibulla, Albania (ella fue alcaldesa de esta población), Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar.
Uno de esos convenios fue firmado por $5.079 millones para el transporte escolar, de los cuales pagaron $3.435 millones; otros dos convenios tienen que ver con un plan para 'masificar el deporte' en el que se comprometieron $1.042 millones y giraron $500 millones, pero el resto de los recursos no están financiados, y un programa para la 'Construcción, mejoramiento y dotación de escenarios deportivos', en el que la Gobernación destinó $5.637 millones, de los cuales pagó $3.597 millones.
Millones en escuelas
La lupa también la tienen puesta sobre pagos hechos a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes, que fue creado a través de la Ordenanza 023 de 2000, una especie de 'caja menor' que por años ha sido utilizada, presuntamente, para apropiarse de recursos públicos.
Igualmente revisan qué tipo de obras se hicieron en el proyecto para el Desarrollo de la infraestructura eléctrica en la zona sur de la península por $2.731 millones, del cual pagaron el 68%.
Asimismo, indagan qué sucedió con $6.244 millones del Plan de Alimentación y Nutrición –la mayoría de los recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo de La Guajira, Fondeg– destinados para atender 15 poblaciones.
En el listado de las indagaciones penales figura una contratación de vieja data, que compromete a otras administraciones, sobre la cual la Contraloría General ya había advertido irregularidades y millonarios sobreprecios: se trata del contrato 770 de 2009 para mejorar la infraestructura educativa departamental.
Este fue firmado por el mandatario Jorge Pérez Bernier por $90.000 millones y después, otros gobernadores le adicionaron $44.963 millones, para un total de $134.963 millones.
A través del Proceso 26-01-0483 de Responsabilidad Fiscal por presunto daño patrimonial por sobrecostos de $11.891 millones, la Contraloría llamó a responder a los exgobernadores Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, preso e investigado por varios asesinatos en La Guajira y destituido por la Procuraduría por anomalías contractuales; así como a Roger Romero Pinto, Sugeila Oñate Rosado y José María Ballesteros Valdivieso.
Dengue millonario
De la administración de Ballesteros también investigan varios contratos. Uno está relacionado con la construcción del puente de la quebrada Moreno por $2.973 millones. La obra fue contratada en 2015 tras los estragos invernales de hace aproximadamente seis años, pero no han comenzado a construirlo con el agravante de que este se ha convertido en su sitio de muerte para los viajeros, en el corregimiento Machobayo, a 54 kilómetros de Riohacha. En mayo, las últimas víctimas de un accidente de tránsito en ese lugar fueron los tres ocupantes de una Hilux de placa venezolana A89AF5B.
Otro es el cuestionado contrato de 'ciencia y tecnología' 019 de 2014 para hacer un estudio sobre el dengue en La Guajira y establecer acciones para su reducción. En medio de denuncias de supuestos pagos de coimas, se conoció que el convenio fue firmado por $17.584 millones con la Organización Latinoamericana para el Fomento de la Investigación en Salud, Olfis. Esta ha negado las irregularidades. Igualmente, investiga la Fiscalía el contrato 194 de 2015 para el Programa de Alimentación Escolar.
Sin agua ni acueducto
No menos importante para los fiscales de la Unidad Anticorrupción resulta conocer cómo fue manejó del Plan Departamental de Agua, que se derivó del contrato 7434-CO/2007 con el Banco Mundial, por 90 millones de dólares, de los cuales, no se sabe por qué razón, no podrán utilizarse entre 15 y 18 millones.
Tan preocupante como lo anterior resulta lo sucedido con el Acueducto de Camarones, corregimiento de Riohacha. En este fueron invertidos $10.858 millones de las regalías, en la administración del exalcalde Rafael Ceballos, pero hoy la población no tiene agua.
En diciembre de 2013 Ceballos envió a los medios un boletín de prensa, con una foto en la que aparecía al lado de varios funcionarios que abrían un chorro de agua, en el que anunció que aplazaba la inauguración para el mes siguiente porque estaban 'haciendo unos ajustes'.
Tres años y medio después, Camarones sigue sin el servicio. No hay planta de tratamiento. 'Pese al millonario gasto, lo cierto es que no hay acueducto en esa población', dijo una fuente de la Fiscalía.
Eso mismo afirmó el viernes una mujer que, junto con sus dos pequeños hijos, llenaba varios tanques plásticos que llevaría a su casa en una carretilla: 'La que aquí recogemos en pimpinas la usamos para bajar los baños o lavar ropa, porque no sirve para beber ni para preparar los alimentos'.
