La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cristina Plazas celebró el fallo de la Corte Constitucional en el que se tutelaron los derechos de los niños del pueblo wayuu, especialmente los relativos a la salud y alimentación adecuada.
En el mismo se ordena que las medidas adoptadas se apliquen en un plazo máximo de un año a partir de las notificaciones a las entidades involucradas.
La funcionaria dijo que el fallo es importante porque 'no solo se involucra al ICBF, sino a todas las entidades responsables que van desde la Presidencia, hasta los alcaldes de los municipios guajiros'.
Agregó que esto es importante, porque solo de esta manera se podrá superar la crisis humanitaria en la que está el departamento de La Guajira, donde este año han muerto 62 niños por desnutrición o causas asociadas a esta.
'Hace dos años venimos diciendo que es necesario que todas las instituciones y entes trabajen en la solución a este problema, porque es la única forma en que se eviten las muertes de niños', manifestó.
Plazas también celebró que el alto tribunal exhortara a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, tanto general como departamental de La Guajira y a las municipales, la Superintendencia Nacional de Salud y la de Servicios Públicos, para que den prioridad a la aplicación de los mecanismos con el fin de controlar los actos de corrupción y de deficiencias en la prestación de los servicios involucrados.
'Siempre hemos considerado que la corrupción es una de las principales causas de esta crisis humanitaria', enfatizó.
Por su parte el gobernador encargado de La Guajira Jorge Enrique Vélez aseguró que 'no puede haber más niños muertos por desnutrición en el departamento', por lo que se mostró en total acuerdo con el fallo de la Corte Constitucional.
Agregó que lo primordial es que se está trabajando intensamente en el Gobierno Nacional a través de los ministerios de Salud, Agricultura y el ICBF para evitar más muertes. 'La Corte tiene toda la razón y seguiremos por eso trabajando sobre todo para que gran parte de las regalías se destinen a este propósito, ya que a veces se aprueban proyectos en las Ocad que no tienen ningún sentido', manifestó.
La corte ordena al presidente de la República, al gobernador de La Guajira y a los alcaldes de los 15 municipios que tiene el departamento, adoptar por sí mismos, las medidas dentro de sus competencias que estén encaminadas a atender de manera urgente y prioritaria la crisis alimentaria y de salud que padecen en la actualidad los niños wayuu.
De la misma manera que en un término de dos años le den solución a las deficiencias estructurales que propiciaron la vulneración de los derechos fundamentales de la niñez wayuu.
