Como trágico puede calificarse lo sucedido en 2016 en materia de muertes por desnutrición en el departamento de La Guajira: 88 niños indígenas fallecieron por esta causa, resultado que por lo vergonzoso no debe repetirse en los años venideros.
De acuerdo con datos oficiales, en 2014 murieron 48 niños y en 2015 la cifra fue de 37, es decir que comparado con este año que termina en vez de reducirse la mortalidad ha aumentado. Respecto a 2014 el incremento fue de un 83,3% y de 2015 del 137,8%.
El conteo una a una de las víctimas resulta triste y hasta frustrante, pero es necesario para visibilizar un problema que, como parte de la crisis humanitaria guajira, estuvo escondido por años en las rancherías, donde las familias de la etnia en especial las mujeres, se limitaban a llorar a los muertos y a sepultarlos sin avisar a las autoridades.
Dar a conocer lo que estaba sucediendo fue el objetivo de la tutela que en marzo de 2014 presentó César Arismendy Morales, director del departamento administrativo de Planeación de La Guajira y secretario técnico del Consejo de Política Social. El funcionario se atrevió a revelar que entre 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 niños menores de cinco años: 278 por desnutrición y los restantes, 2.691, correspondieron a otras patologías asociadas a este flagelo.
En la búsqueda de pacientes con desnutrición aguda severa y otras patologías asociadas, en 2016 al Hospital Nuestra Señora de los Remedios llevaron a unos 300 niños, afirmó el médico pediatra Abudi Dasuki, quien ha atendido a la mayoría de ellos.
El funcionario aseguró que todos enfermos se recuperaron y fueron remitidos a sus comunidades para que siguieran recibiendo atención en programa con enfoque comunitario, en el que participan otras instituciones.
Por esta razón hay quienes insisten en que la tarea de buscar de ranchería en ranchería a los pacientes debe seguir y visibilizarse para demostrar que los resultados de las medidas de fondo, pregonadas por los gobiernos nacional, departamental y municipales, están dando pocos resultados, y en algunos caso ninguno, en cuanto al suministro de alimentación y de agua potable, en una región extensa donde las familias indígenas están dispersas en cientos de kilómetros cuadrados en la Alta Guajira.
Esa búsqueda permanente la comparte el líder indígena Javier Rojas Uriana, quien, como peticionario, logró en 2015 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, decretara medidas cautelares en favor de los wayuu, pero, a su juicio, los programas anunciados por el Estado 'han sido poco efectivas, como lo muestran las muertes'.
Hace poco menos de un mes, Roja fue alertado, según denunció, de que había un plan para asesinarlo en el municipio de Manaure, el que junto con Uribia es de los más afectados por las muertes por desnutrición.
En cuanto a los fallecimientos, líderes, dirigentes, autoridades indígenas, médicos y funcionarios coinciden en que el problema tiene diversas causas.
La lista la encabeza la corrupción política, ya que el Departamento ha recibido desde 1995 regalías directas por cerca de 4 billones de pesos, con las que debieron solucionar necesidades básicas como la de agua potable en las rancherías.
Para colmo, dineros anuales destinados al Plan de Alimentación Escolar del Ministerio de Educación y al programa Primera Infancia del Bienestar Familiar, en el que deben atender a menores de edad, también han sido saqueados por operadores y funcionarios públicos, algunos de los cuales han terminado presos, en procesos penales abiertos por las Fiscalía General.
También sobre la crisis guajira el informe de la Defensoría del Pueblo ‘Crisis Humanitaria en La Guajira’ concluyó que se confirmó, en visitas de campo, la 'baja cobertura de agua potable, saneamiento básico y alimentación; las dificultades de acceso de las comunidades a los servicios de salud; las bajas coberturas de promoción y prevención; la debilidad en la demanda inducida y el incumplimiento de las EPS en su función de aseguramiento, entre otras circunstancias'.
El organismo también aseguró que la ineficacia del Estado ante este problema que tiene La Guajira obedece, en gran medida, al escaso conocimiento de la realidad en las comunidades indígenas. 'En particular, el Gobierno, tanto nacional como departamental, rara vez ha valorado el enfoque diferencial bajo el que debe abordarse la asistencia al pueblo wayuu', asegura.
A esto se suma la falta de empleo entre los wayuu, la inestabilidad administrativa en la que ha estado La Guajira, la crisis en Venezuela y el cierre de la frontera y la mala prestación en los servicios de salud.
El médico cirujano Víctor Frías Rosero afirmó que desde 1991, cuando se registró la epidemia de cólera en La Guajira, hubo signos de lo que ahora es más visible. Para esa fecha él era director del Departamento de Enfermedades Transmisibles y Epidemiología, cargo desde el que atendió la emergencia que, según recuerda, dejó unos 300 muertos en cinco meses.
'Pero el Gobierno Nacional depuró estas cifras y tres años después informó que solo fueron 37 los fallecidos', manifestó.
Cuenta que en aquella época, cuando llegaban a una comunidad o ranchería, se daban cuenta de que los niños tenían bajo peso, tallas menores y otros signos visibles de desnutrición, por lo que detectaron la enfermedad inmediatamente. 'Desde ese –aseguró Frías Rosero– entonces hasta la fecha es poco lo que se ha hecho para evitar las muertes por desnutrición'.
