El juez 81 de control de garantías de la capital legalizó la captura del alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, y su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, por las presuntas irregularidades que habrían cometido en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
EL HERALDO conoció que las anomalías se presentaron, básicamente, porque se les dieron a los niños menos alimentos de los que pagaron con dineros públicos.
La defensa del alcalde, María Velandia, pidió que se adelantara inicialmente la legalización de captura del mandatario local porque estaba 'cansado', y que se dispusieran las diligencias de imputación y solicitud de medida de aseguramiento para este sábado al mediodía.
Lea además: Corrupción en La Guajira: Fiscalía ordena capturas e imputaciones
La solicitud fue coadyuvada por la defensa de Acosta, en cabeza de Rafael Suárez.
El togado dispuso entonces la continuación de la audiencia para las 12 del mediodía de este sábado.
En su solicitud, la fiscal 48 anticorrupción, Martha Borda, reveló que 'una vez capturado el alcalde, en el despacho de la Fiscalía se presentó su esquema de seguridad y pidieron la orden de captura, presentándose un altercado'.
Y agregó que 'posteriormente llegaron unas 100 personas queriendo impedir el traslado del alcalde. Por ello, pedimos ayuda al Gaula, al Ejército y a la Policía. Finalmente, confundimos a los manifestantes con dos caravanas militares. Una salió al aeropuerto de Riohacha, y los seguidores se fueron tras ella, y nosotros nos fuimos a Santa Marta por tierra, de donde abordamos el avión a Bogotá'.
Al juzgado capitalino llegó una procesión formada por una veintena de allegados del alcalde, pero la Policía solo dejó entrar a unos cuantos a la diligencia.
En la tarde del viernes, el fiscal Néstor Humberto Martínez explicó que las irregularidades se presentaron en un contrato del PAE, en Riohacha, por $5.700 millones para favorecer a más de 23 mil niños, suscrito el 19 de febrero de 2016.
'Evidenciamos que la alimentación no estaba llegando a los niños. En septiembre de 2016 se suscribió un otrosí para que se entregaran esos alimentos que no habían llegado', dijo el alto funcionario.
En medio de ese proceso, agregó, 'hemos encontrado presuntas irregularidades por $1.176 millones, ya que el convenio, en un 20%, no llegó a los niños'.
En los hechos están involucrados otros funcionarios y particulares, cuyas capturas están en proceso, le dijo la fuente del ente investigador a este diario.
Los delitos de la imputación son contrato sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
'El contrato fue celebrado entre el alcalde y Saúl Beltrán, representante de la Asociación Social del Caribe', concluyó el fiscal.
