El procurador 358 judicial penal de la capital, Carlos Rincón, pidió este miércoles al juzgado 81 de control de garantías de Bogotá dictar medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez y su secretaria de Educación, Dilcey Acosta.
En la reanudación de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los funcionarios guajiros por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento público, se sabrá si Velásquez y Acosta son enviados o no a la cárcel por las presuntas irregularidades cometidas en la ejecución del Convenio 002 de 2016, en el marco del Programa de Alimentación Escolar, PAE.
'La Procuraduría pedirá medida de aseguramiento en centro carcelario contra el alcalde de Riohacha y su secretaria de Educación. Estamos hablando de $1.176 millones que eran para la alimentación de más de 16 mil niños y que no fueron debidamente utilizados', dijo el representante del Ministerio Público.
Señaló además, al coadyuvar la petición de la Fiscalía de asegurar a Velásquez, 'la idoneidad del contratista, Asocar, no estaba acreditada y además la ejecución no fue la adecuada; los alimentos para los niños estaban en regular estado y las manipuladoras no estaban siendo remuneradas como se contrató'.
Por ello, reiteró Rincón, 'los presupuestos para la medida contra la secretaria de Educación de Riohacha, Dilcey Acosta, también se cumplen, porque como supervisora del Convenio 002 de 2016, debía resguardar esos recursos públicos'.
Y concluyó: 'hay que dictarles medida a ambos porque como funcionarios hay peligro para la prueba, pueden remover funcionarios, contratar, etcétera. Hay peligro para la comunidad de no enviarlos a la cárcel, por la gravedad de la conducta, pues lo apropiado eran alimentos para niños, y los niños tienen interés prevalente del Estado'.
Finalmente, advirtió: 'la comunidad no puede ver libres a quienes defraudaron sus expectativas a través del voto'.
