El magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, confirmó este viernes la medida de aseguramiento contra el recientemente posesionado gobernador de La Guajira, Wílmer González Brito, pero, tras solicitud de la defensa por 'el fuero del imputado', dejó en potestad del Inpec la decisión de si debe ser recluido en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota o en una guarnición militar.
Al mandatario departamental se le señala, básicamente, por la compra de votos a través de dos concejalas de Maicao y por omitir 2 mil millones de pesos en gastos de campaña.
Expulsan seguidores
Una vez el togado leyó la decisión contra el mandatario, postulado por La U y el Partido Conservador para las elecciones del 11 de noviembre pasado en la península, varios guajiros y wayuus asistentes a la diligencia fueron expulsados de la misma por manifestarse aireadamente contra la providencia.
'La medida de aseguramiento es necesaria porque el gobernador ha incurrido en acciones contrarias a la democracia. (...) Aunque se presume la inocencia del gobernador, la transparencia en la cosa pública tiene mayor peso para este despacho', advirtió el magistrado.
Además, anunció que 'ante la participación de más personas en los ilícitos, se compulsarán copias a las instancias correspondientes'.
Muñoz Neira, al negar la solicitud de la defensa de la casa por cárcel, explicó: 'no es procedente la casa por cárcel para el gobernador, porque hay posibilidad de contacto con pruebas y testigos'.
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Los delitos
El fiscal 6 delegado ante la Corte, Jaime Zethien, imputó y pidió medida de aseguramiento contra el gobernador guajiro por los delitos de fraude procesal 'al engañar al Consejo Nacional Electoral, CNE, con reporte de ingresos de gastos de campaña que no incluía los 2 mil millones de pesos que se escucha en las interceptaciones llegaron desde una persona no identificada en Barranquilla'.
El otro punible, el de falsedad en documento privado, también se configuró 'al presentar al CNE reportes sin registrar los 2 mil millones de pesos'.
También se señaló a González de haber cometido el delito de corrupción a sufragante agravado, 'que se perpetró con la complicidad de otras personas', al momento de la compra de votos.
Y, finalmente, se le imputó el punible de cohecho agravado por dar u ofrecer 'por ofrecer millones de pesos a concejales de Maicao para la compra de votos'.
Mercados, chivos y tejas
Expuso el magistrado que 'aunque la defensa dice que los wayuu acostumbran recibir mercados, chivos y tejas, este despacho ve que sí hay delito, pues no se informó de ello al CNE, se hizo a escondidas y además no se dio en medio de una visita sino de una campaña electoral'.
Describió además Muñoz en su decisión que la concejala de Maicao, Silbeny Solano, del Partido Liberal, habría recibido 20 millones de pesos de González y, además, ella misma le habría entregado 6 millones de pesos a la concejala Lizeth Carolina Urueta, del Polo Democrático.
'Raro resulta que los pagos realizados a la concejala Silbeny Solano no aparezcan registrados en gastos de campaña (...) Sorprende que la concejala redondea una suma para 'apoyos logísticos' en 20 millones de pesos porque tiene 840 votos. Y González acepta', señala el togado.
Y agrega que 'la concejala Urueta asegura haber recibido una suma de Solano de 6 millones de pesos, también para 'gastos logísticos''.
Mientras que en la sala había una veintena de seguidores del mandatario departamental, afuera del Tribunal permanecía casi un centenar de simpatizantes con camisetas con mensajes y pancartas, quienes además hacían rezos y entonaban canciones religiosas en aires vallenatas a favor de González.
La confirmación
Al confirmar la medida, el magistrado se centró en desestimar la pretensión de la defensa, que sostenía que las dádivas eran una práctica cultural de los wayuu.
'Dar un mercado en este país no es un delito, pero es inadmisible que se haga con un fin electoral. (...) Autores más allá del Atlántico señalan que los regalos pueden ser costumbres culturales, pero en elecciones son compra de votos', dijo.
Y sobre la necesidad de compulsar copias para que se investigue a los cabildantes de Maicao, advirtió: 'es importante determinar si existe un ilícito en el hecho de que los concejales reciban y repartan dineros para la compra de votos'.
Al término de la diligencia, un centenar de seguidores del alcalde salieron de la sala del Tribunal abrazados y en lágrimas, murmurando consignas contra 'los cachacos' y exigiendo 'que caigan también los de Odebrecht'.
