'La medida de aseguramiento es necesaria porque el gobernador (Wilmer González) ha incurrido en acciones contrarias a la democracia'.
La severa conclusión fue pronunciada, en la mañana de ayer, por el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Orlando Muñoz Neira, al decidir la situación jurídica del mandatario guajiro, elegido el 6 de noviembre de 2016 en un debate atípico para reemplazar a Oneida Pinto, a quien el Consejo de Estado le anuló la elección por violar el régimen de inhabilidades.
Contra González, avalado por el Partido de La U, el fiscal sexto delegado ante la Corte, Jaime Zethien, había pedido, en la imputación, medida de aseguramiento por los delitos de fraude procesal por 'engañar al Consejo Nacional Electoral, CNE, con reportes de ingresos de gastos de campaña que no incluían los 2 mil millones de pesos que se escucha en las interceptaciones llegaron desde una persona no identificada en Barranquilla'.
El otro punible, el de falsedad en documento privado, según la Fiscalía, lo cometió 'al presentar al CNE reportes sin registrar los 2 mil millones de pesos'. También le imputó a González del delito de corrupción al sufragante agravado, 'que se perpetró con la complicidad de otras personas', con la compra de votos.
Igualmente, le imputaron el delito de cohecho agravado por dar u ofrecer 'millones de pesos a dos concejales de Maicao' para comprar votos.
Sí hay delitos
Antes de anunciar que el gobernador González debía ser encarcelado en La Picota, el magistrado expuso que 'aunque la defensa dice que los wayuu acostumbran recibir mercados, chivos y tejas, este despacho ve que sí hay delito, pues no se informó de ello al CNE, se hizo a escondidas y además no se dio en medio de una visita sino de una campaña electoral'.
Describió Muñoz en su decisión que la concejala de Maicao Silbeny Solano, Partido Liberal, habría recibido 20 millones de pesos de González, y ella le habría entregado 6 millones de pesos a la concejala Lizeth Carolina Urueta, Polo Democrático.
'Raro resulta que los pagos realizados a la concejala Silbeny Solano no aparezcan registrados en gastos de campaña (...) Sorprende que la concejala redondea una suma para ‘apoyos logísticos’ en 20 millones de pesos porque tiene 840 votos, y González acepta', señaló el togado.
Muñoz Neira, al negar la solicitud de la defensa de la casa por cárcel, explicó: 'No es procedente para el gobernador, porque hay posibilidad de contacto con pruebas y testigos'. Asimismo anunció que 'ante la participación de más personas en los ilícitos, se compulsarán copias a las instancias correspondientes'.
Inpec decide
Tras la orden de encarcelar al mandatario, la defensa presentó un recurso de reposición que fue resuelto en horas de la tarde. El magistrado Muñoz Neira confirmó su decisión.
Pero ante una solicitud de la defensa por 'el fuero del imputado', el magistrado dejó en manos del Inpec la decisión de si Wilmer González debe ser encarcelado en el pabellón de funcionarios públicos de La Picota o en una guarnición militar.
Al terminar la diligencia, los seguidores del mandatario salieron del Tribunal abrazados, llorando y murmurando consignas contra 'los cachacos' y exigiendo que 'caigan también los de Odebrecht'.
Expulsan a seguidores
Una vez el togado leyó la decisión contra el mandatario, varios guajiros e indígenas wayuu asistentes a la diligencia fueron expulsados de la misma por manifestarse airadamente contra la providencia. Afuera del Tribunal permanecía casi un centenar de simpatizantes con camisetas con mensajes y pancartas de apoyo a González; además rezaban y entonaban canciones religiosas en aires vallenatos en favor del gobernador.
