'Frente a la situación en La Guajira el Gobierno Nacional tomará medidas necesarias para garantizar bienestar y tranquilidad de sus habitantes'. El mensaje enviado por el presidente Juan Manuel Santos, desde su cuenta de Twitter, pocas horas después de que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá encarcelara al gobernador Wilmer González, refleja la preocupación que existe respecto al presente y futuro de esa región, en la que la corrupción administrativa ha causado una crisis humanitaria.
La detención de González por cuatro presuntos delitos electorales, entre ellos compra de votos, cometidos, según la Fiscalía, en la víspera y durante la elección atípica en la que fue elegido el 6 de noviembre pasado, agravó el panorama político que se vivía, desde el 1 de febrero, tras la captura y encarcelamiento de Fabio Velásquez, alcalde de Riohacha.
El mandatario capitalino fue encarcelado, con su secretaria de Educación Dilcey Acosta, por un presunto peculado de $1.176 millones en la alimentación escolar.
'Tenemos que tomar decisiones que vayan mucho más allá de simplemente nombrar a un Gobernador encargado o a un Alcalde designado para el Distrito de Riohacha', afirmó este sábado en el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, un mensaje virtual conocido por EL HERALDO.
Su declaración hacía referencia a que desde el pasado jueves la Alcaldía de Riohacha está acéfala, porque se venció el periodo de vacaciones de Velásquez y este no puede asumir sus funciones porque está preso, pero tampoco puede seguir actuando quien estaba encargado: Miguel Pitre Ruiz, secretaria de Obras e Infraestructura; para colmo de males, la Gobernación guajira también quedó sin timonel porque González había encargado de sus funciones hasta el viernes –día en que fue encarcelado– al secretario de Obras, Delay Magdaniel.
Es decir, las administraciones departamental y capitalina son un barco a la deriva. Por eso, EL HERALDO conoció que fue citada una reunión en la Presidencia de la República, para el lunes a las 5 p.m. 'Hay que intervenir el Departamento a fondo', fue el concepto que expresó Cristo.
Dijo que el objetivo es 'avanzar para escuchar' al pueblo guajiro, a los gremios, a las organizaciones sociales y a la iglesia, para que 'podamos evaluar, entre todos, qué medida hay que tomar y, obviamente, cómo superar esta interinidad en la Gobernación'.
Pese a que desde 1995 hasta 2016 La Guajira recibió cerca de $4,5 billones, los manejos administrativos en los que ha reinado la corrupción, de parte de gobernadores y alcaldes, no han permitido resolver las necesidades básicas insatisfechas de las comunidades, en especial del pueblo wayuu.
En particular es tan desigual la situación social y económica de los indígenas que cada día empeora su crisis humanitarias, en la que el mayor drama es el de la muerte por desnutrición de sus hijos en las apartadas rancherías.
Pese a las promesas, esta tragedia no ha comenzado a solucionarse, no obstante de que existen unas medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que obligan tanto al Gobierno Nacional, como a las administraciones departamental y municipales, a resolverla. En 2016, por el contrario, murieron 96 niños más.
