'La EPS Anas Wayuu que opera en La Guajira, fue auditada por la Contraloría General de la República, cuando los contratos aún no se habían liquidado', aseguró la representante legal de la entidad Beda Margarita Suarez Aguilar, refiriéndose al informe del ente de control, en el que se indica que la EPS pagó casi $5.000 millones en contratos que no se ejecutaron.
La funcionaria dijo que en estos momentos están en la etapa de indagación preliminar y se están entregando todos los soportes para darle claridad a la Contraloría en todos los aspectos.
'Estamos presentándole todos los documentos necesarios que garantizan los acuerdos de pago que se han hecho y también las devoluciones de recursos al sistema', explicó.
Según Suárez cuando un contrato se firma generalmente tiene vigencia de un año y la norma establece que cuando termina, cuentan con cuatro meses para hacer la liquidación. 'Es cuando nos sentamos con las Ips y hospitales para establecer como fue la ejecución y los valores que recibieron, porque los giros son de manera anticipada', afirmó.
Según la auditoria de la Contraloría la gestión y resultados en diferentes áreas de Anas Wayuu, procesos y actividades es desfavorable.
Además que en total se establecieron siete hallazgos administrativos, de los cuales dos tienen presunta incidencia fiscal por $5.559 millones y tres poseen aparente incidencia disciplinaria.
Describe la Contraloría que Anas Wayuu suscribió en 2015 26 contratos con 22 prestadores de servicios de salud por $6.631 millones en la modalidad de capitación para las actividades de promoción y prevención, 'en los cuales se observó una ejecución de actividades que equivale a $1.151 millones, lo que representa una diferencia de $5.479 millones correspondiente a actividades no ejecutadas y canceladas'.
El otro hallazgo, con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales, aunque de menor cuantía, corresponde a la utilización de los recursos para la atención en salud en otros asuntos, en este caso, para pagos de 'casas de paso'.
Y es que, pone de presente el documento de la entidad de control fiscal, de acuerdo al artículo 23 de la ley 1438 de 2011, 'los recursos para la atención en salud no podrán usarse para adquirir activos fijos, ni en actividades distintas a la prestación de servicios de salud'.
La gerente Beda Margarita Suárez explicó que de acuerdo a un decreto reglamentario de la Ley 691 las EPS indígenas tienen la obligatoriedad de prestar el servicio de casas de paso y guías bilingües a sus afiliados para garantizar no tengan inconvenientes fuera de la región cuando reciban atención en otra ciudad.
'Todo eso lo hemos informado, citando todas las normas y los pronunciamientos que existen con respecto a este tema', puntualizó.
El pronunciamiento de la gerente de la EPS Anas Wayuu se dio en compañía de los miembros del Consejo Superior de Palabreros, quienes en un comunicado expresaron todo su apoyo a esta entidad y dijeron que 'es la primera vez que vemos concretado el sueño de tener una institución propia en el área de la salud, algo que es para nosotros vital para la asistencia y tratamiento de las enfermedades que aquejan a nuestra comunidad'.
