Desde los ocho años Tania Galván es cosechadora de sal y con su trabajo levantó a sus cinco hijos, a quienes, además de brindarles educación formal, les enseñó el oficio, así como ella a su vez lo aprendió de su madre.
Afirma que siente tristeza al recordar cómo se vivía antes en Manaure, cuando la sal era el centro de la economía en este municipio guajiro, que ahora está sumido en una grave crisis por los 87 días de parálisis en las salinas.
Añora aquellos años en los que salía a las dos de la mañana trabajar, para esquivar el sol y las altas temperaturas características de este territorio ancestral. 'Crecí y seguí el camino de mi madre, así como lo hicieron otras dos mil mujeres que hoy no tienen como llevar el sustento a sus familias', asegura.
Según Tania, eran dos cosechas al año que generaban unos $6.000 millones para los wayuu. 'Circulaba el dinero en Manaure y el que no vivía de la sal, criaba chivos o cultivaba algo, pero ahora las rancherías no tienen ni chivos y nuestros hijos y nietos se están muriendo de hambre', aseveró.
En Manaure la explotación industrial comenzó en la década de 1920, cuando el Gobierno otorgó concesiones a particulares para explotar sal marina, y en 1941 el Banco de la República se hizo cargo de las salinas marinas, de la técnica para la explotación del producto y del transporte de la sal.
En 1994 se ordenó la creación de una sociedad de economía mixta, denominada Sociedad Salinas de Manaure, Sama, vinculada al ministerio de Desarrollo, con participación accionaria de la comunidad wayuu en un 25%.
Sin embargo, esto no se cumplió y fue hasta el 2002 cuando se expidió la Ley 773 para que se creara la sociedad. En el 2004 se creó mediante escritura pública.
El 51% era del ministerio de Desarrollo, el 25% de la Asociación Indígena Sumain Ichi y el 24% del municipio de Manaure.
Los conflictos internos entre los representantes de las asociaciones, los malos manejos, presuntas irregularidades y la falta de un operador no permitieron que la sociedad floreciera, por lo que la actividad se centró en vender las reservas de los años más prósperos.
El lugar turístico que era Manaure, donde los visitantes se tomaban fotos frente a las montañas de sal, desapareció.
No quieren a Big Group
En Manaure ya no son solo los trabajadores de las salinas los que están en paro en las instalaciones de la empresa. A esta toma se han unido charqueros, transportadores, cosechadores y las autoridades tradicionales wayuu, quienes afirman que se han visto afectados desde que la Sociedad Brig Group entró a manejar el negocio desde el 2014.
La decisión fue aprobada por el 95% de los acreedores de Sama, con el fin de darle vía a un plan de salvamento y normalización de la producción.
Fue un nuevo impulso a Salinas de Manaure, sociedad que a febrero de 2014 registraba activos por $51.769 millones, pasivos de $15.667 millones y un patrimonio de $36.102 millones.
Trujillo Epieyu, autoridad tradicional del sector de San Agustín aseguró que están apoyando a los trabajadores porque 'los wayuu hemos trabajado milenariamente en nuestro territorio y no hemos visto mejora para la calidad de vida'.
Con vehemencia y en wayuunaiki dijo que 'no se va a descansar hasta que el operador se vaya de Manaure, porque han venido a desplazarnos, nos han quitado el trabajo, nos persiguen como si fuéramos contrabandistas y hasta nos han denunciado en la Fiscalía'.
El líder wayuu explica que en el contrato que se firmó con Big Group no se incluyeron a los transportadores, charqueros y cosechadores, por lo que ahora ellos son considerados ilegales. 'Este tipo de tratamiento no lo vamos a seguir permitiendo, somos los dueños y nos tienen que respetar', indicó.
Cuando Big Group llegó al municipio se comprometió a pagar $27 mil millones durante los próximos 18 años por explotar la concesión de Salinas de Manaure, además de las inversiones para normalizar la producción y la comercialización de sal.
A pesar de esto, el presidente del sindicato Carlos Gómez, quien fue objeto de un atentado con un petardo hace una semana en su vivienda, dice que estas inversiones nunca se han hecho y por eso 'no se ha producido lo que anunciaron cuando llegaron'.
Explicó que cuando han pasado dos años y medio de la llegada del operador, se han dado cuenta de que el contrato firmado es lesivo para los intereses de los manaureros y para los trabajadores.
'Cuando salimos de Sama, a 87 trabajadores nos debían siete meses de salarios, prestaciones y la liquidación, la cual la fiamos a tres años, pero con la contraprestación que Big Group le paga a Sama, no van a alcanzar a cubrir esa deuda en mucho tiempo', indicó.
